2025 apuntaba a ser un año de grandes reformas laborales. Trabajo estableció una serie de objetivos a principios de año con la idea de mejorar las condiciones de los trabajadores en el país. Como medida estrella de esta batería de reformas, la ministra Yolanda Díaz presentaba la famosareducción de la jornada laboral, que pretendía bajar de las 40 a las 37,5 horas semanales de trabajo para los empleados.

Sin embargo, ninguna de las propuestas ha salido adelante. La situación parlamentaria se encuentra en un momento delicado, y todas las reformas del ministerio han sido paralizadas. Al 'no' a la reducción de la jornada laboral se ha sumado la negativa al endurecimiento del despido, el nuevo Estatuto del Becario o el nuevo registro horario, entre otras.

Y es que la inestabilidad está siendo protagonista en los últimos meses. Todos los objetivos establecidos son prácticamente un imposible de cumplir, todo ello debido a la oposición, que está haciendo mella en el Gobierno. Tan solo queda en un horizonte próximo la subida del Salario Mínimo Interprofesional, una medida donde Yolanda Díaz ha centrado todos sus esfuerzos para sacar adelante.

No obstante, el resto de reformas parece que no estarán aprobadas antes del 31 de diciembre, y desde el ministerio ya piensan en 2026.

La reducción de la jornada laboral: el gran fracaso de Yolanda Díaz

Se presentaba como la reforma que iba a cambiar el panorama nacional. Una reducción de jornada de la que se iban a beneficiar miles de ciudadanos, y que supondría una mayor conciliación familiar debido a la reducción de horas de trabajo.

Sin embargo, las esperanzas de una nueva normativa se esfumaron. El Congreso rechazó hace más de una semana la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas como pretendía la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, después de no llegar a un acuerdo con los socios independentistas del Gobierno.

Sin los siete votos de los diputados de Junts, junto con la negativa del PP y Vox, se produjo la derrota más dolorosa para Díaz. No obstante, el ministerio ha comenzado a trabajar para tratar de salvar una de las medidas incluidas en el proyecto de ley: el registro horario.

A pesar de no salir adelante la reducción de jornada, la idea de Trabajo es la de salvar el nuevo registro horario por la vía reglamentaria a través de un decreto que no requiera la convalidación del Congreso ni tramitación parlamentaria alguna, ya que este registro tendrá rango reglamentario, de manera que no tendrá que someterse a votación en el Congreso y podrá sortear el rechazo de Junts.

De este modo, Trabajo pondrá en marcha un endurecimiento del control horario, que pasará a ser exclusivamente digital y con mecanismos de identificación del trabajador. Aún así, este 'plan B' parece que no entrará en vigor hasta 2026, por lo que habrá que esperar para ver un registro horario modificado.

La reforma pendiente sobre los despidos

Por otro lado, la ministra ha anunciado que convocará en octubre la primera mesa de diálogo social para reformar el «despido restaurativo» en España. La titular de Trabajo ha hecho suya la demanda colectiva presentada contra el Gobierno español –del que forma parte la propia Díaz– por UGT y CC OO ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) por vulnerar supuestamente la Carta Social Europea en materia de indemnizaciones por rescisión de contrato, al no establecer el derecho español en materia de despido improcedentes medidas disuasorias y limitar la indemnización en términos económicos.

"He dicho muchas veces que tenían razón y que nos iban a condenar", aseguraba Díaz, advirtiendo que Sumar ya ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa al establecimiento por ley de un despido realmente restaurativo y disuasorio.

Ni rastro del nuevo Estatuto del Becario

A la reducción de jornada se le suma el nuevo Estatuto del Becario, aún por aparecer en el Congreso. En 2023, la ministra presentaba esta reforma, que tenía el objetivo de proteger a las personas jóvenes en prácticas.

Sin embargo, dos años después todo sigue igual. Y es que el texto firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, fue rechazado por las patronales CEOE y Cepyme, y desde entonces la norma ha quedado paralizada.

La ministra Yolanda Díaz señaló que el Estatuto del Becario sería llevado al Consejo de Ministros a la vuelta del verano, pero aún así no existe tiempo material para ser aprobado. El nuevo marco legal tendrá que esperar hasta 2026 puesto que algunas formaciones políticas ya han manifestado su rechazo.

A la espera del SMI

Por ello, con la caída de estas medidas principales, tan solo queda el SMI en el horizonte. Sin embargo, está por ver como se desarrolla la negociación, puesto que ya han aparecido los primeros impedimentos.

Desde los sindicatos apuntan a que no aceptarán cualquier condición. Advierten que redoblarán sus exigencias de cara a este nuevo año y no firmarán el acuerdo si no se blinda la subida en la nómina modificando el reglamento para que las empresas no puedan absorberla con los pluses.

Por otro lado, Díaz tendrá que verse las caras María Jesús Montero por la tributación de las rentas bajas. Para 2025, los ciudadanos que percibían el SMI quedaron exentos del pago del IRPF, pero a partir de 2026 esto no será así.

A estos problemas se suma la intención del Gobierno de cambiar la ley para que el SMI se actualice de forma automática cada año, con el objetivo de garantizar la cobertura del 60% del salario medio. Esta reforma requiere de la aprobación por mayoría del Congreso, algo que se atisba complejo de conseguir en estos momentos.

Por tanto, a pesar de que la misión de Trabajo es clara, el proceso no parece nada sencillo, y habrá que esperar en estos meses para saber si el ministerio consigue sacar adelante el nuevo salario mínimo.