29.000 pleitos contra tres cajas intervenidas

Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia provocaron más de 360.000 laudos arbitrales de los ahorradores.

La crisis económica que comenzó a azotar con dureza en España en 2008 tuvo una incidencia directa en los ahorros de los ciudadanos y en la adquisición de productos financieros bancarios que, bajo una apariencia de ofrecer una alta rentabilidad, tenían un riesgo más que elevado y que llevaron a la ruina a no pocos ciudadanos que, guiados por la buena fe de sus «gestores», invirtieron sus ahorros en ellos, principalmente en las denominadas «preferentes». Junto a ese grave perjuicio a los inversores, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tuvo que rescatar a no pocas cajas de ahorros, para lo cual tuvo que desembolsar varias decenas de miles de millones de euros.

Una tercera consecuencia de lo anterior fue la incidencia judicial que ello provocó, pues los ciudadanos perjudicados decidieron no permanecer impasibles y recurrieron a la Justicia o a la mediación para intentar recuperar los ahorros perdidos, o, al menos, parte de ellos. Sólo en lo que afecta a Bankia, Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia se presentaron 29.461 demandas y se dictaron 360.183 laudos arbitrales, según los datos de la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, recogidos por Alejandro de Araoz Gómez-Acebo en su estudio que ha merecido el galardón de la última edición del Premio La Ley.

En lo que se refiere a productos financieros colocados por Bankia, sólo en lo que afecta a participaciones preferentes y deuda subordinada, se plantearon un total de 20.480 demandas, por un importe de 1.523 millones de euros, de las que más de nueve mil tienen ya la correspondiente resolución. En primera instancia, se resolvió a favor del cliente el 84 por ciento de las demandas, un 10 por ciento a favor de la entidad y el restante seis por ciento correspondió a procedimientos judiciales en los que hubo un desistimiento por parte del cliente.

En cuanto al arbitraje, casi 230.000 ahorradores lo solicitaron, por un importe total de 4.043 millones de euros. Casi todas esas solicitudes fueron aceptadas, ya que la Junta Nacional Arbitral de Consumo dictó un total de 229.331 laudos arbitrales.

En lo que se refiere a Catalunya Caixa, de acuerdo con los datos de la citada comisión, esta entidad colocó participaciones preferentes y deuda subordinada por valor de 7.940 millones de euros. En octubre de 2012, comenzó un proceso de arbitraje, al que se acogió en un principio el 80 por ciento de los titulares de esos productos financieros, algo más de 98.000. Sin embargo, el experto independiente designado aceptó el 70 por ciento de esas peticiones, es decir, 68.449, de las que 66.615 titulares ya han recibido un laudo positivo, por un importe total de 456 millones de euros.

Respecto a los procedimientos judiciales, se plantearon 6.752 demandas relacionadas con esos productos financieros emitidos por esa entidad, con una reclamación global de 201 millones de euros.

En cuanto a la tercera entidad analizada, Nova Caixa Galicia, comenzó el proceso de arbitraje en julio de 2012, también relacionado con la adquisición de acciones preferentes y deudas subordinadas de las antiguas cajas de ahorro gallegas (Caixa Galicia y Caixanova). Más de 106.000 titulares de esos productos solicitaron someterse a arbitraje, pero el experto independiente sólo admitió 62.503 peticiones. Hasta ahora, el Instituto Galego de Consumo ha dictado cerca de 60.000 laudos arbitrales.

«Situación inviable»

Respecto a las demandas, esta entidad recibió un total de 2.229 demandas por un importe de 130 millones de euros.

De esta forma, sólo en lo que afecta a estas tres entidades, se presentaron 29.461 demandas y se han dictado 360.1783 laudos arbitrales.

Estos datos, destaca al respecto Alejandro Fernández de Araoz-Gómez Acebo, ponen de manifiesto «que la situación es sencillamente inviable, colapsa el sistema y no garantiza la necesaria reparación a los inversores en unos plazos razonables». Entre otros motivos, porque el ordenamiento jurídico «no está preparado para afrontar esta situación».