La situación de la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lleva una década perdiendo plantilla, aumentando sus competencias exponencialmente y asumiendo cargas de trabajo que se han multiplicado por cuatro por culpa de la sobrelegislación. Así lo denuncian las organizaciones sindicales CSIF y CC OO, que acusan al Ministerio de Trabajo y a su titular, Yolanda Díaz, de desidia con este organismo y de dejar la plantilla del organismo en mínimos históricos, sin ningún plan creíble para recomponer la masa laboral, que ni tan siquiera recupera las bajas que se pierden. Con esta política, el Servicio ha perdido más del 30% de sus funcionarios en los últimos 10 años –que se traduce en 3.500 efectivos menos–, lo que está repercutiendo en «una grave pérdida de calidad de la atención al ciudadano», que ha llevado a la mayoría de las oficinas «al borde del colapso», denuncian desde el sindicato CSIF.

Este sindicato alerta sobre que el 52% de sus unidades de atención directa al público están infradotadas, especialmente en Barcelona, Gerona, Lérida, Madrid, Cáceres, Badajoz, Vizcaya, Álava, Baleares, Alicante y Almería, provincias en las que la mayoría de sus oficinas tienen solo entre uno a cinco empleados, y 11 de ellas están directamente sin personal. Además, el 56% de la plantilla supera los 50 años, y el 20% está próximo a jubilarse y no hay programa de reemplazo.

En este contexto, desde CSIF critican que los planes de renovación de plantilla implementados por Díaz no están siendo efectivos. Recuerdan que el 44% de las 1.374 plazas ofertadas por el SEPE en el último concurso quedaron vacantes (598 plazas), «reflejando el desinterés por trabajar en este Organismo debido a su escaso atractivo, tanto para los funcionarios de nuevo ingreso como para atraer nuevos efectivos de otros departamentos y organismos», que este sindicato achaca a «las altas cargas de trabajo, su especial complejidad técnica y el insuficiente reconocimiento retributivo».

En CC OO van más allá y sentencian que «la situación es muy grave y el deterioro, galopante», pese a estar el país en un momento de «bonanza económica excepcional y con unas cifras de desempleo en el nivel más moderado» desde 2008. «Cualquier roto en la economía, cualquier circunstancia excepcional que afectase al empleo, colocaría al organismo ante el caos más absoluto». Máxime cuando la incorporación de efectivos está en mínimos, ya que el personal debe ser de alto nivel técnico «para evitar la sobreexplotación que sufre un elevado porcentaje de la plantilla en las oficinas, que se ve obligado dar información y realizar gestiones muy por encima del nivel que se le puede exigir en función de la categoría con la que está contratado».

Y las cifras que aportan les dan la razón. En la primera semana de este mes, el organismo era incapaz de ofrecer una sola cita previa en 270 de sus oficinas –el 40% del total– y muchas de ellas estaban cerradas por efectivos. «El problema se concentra en las provincias más pobladas, en las que la falta de personal deja al SEPE sin capacidad para responder a la demanda de servicios de la población». La red de oficinas tiene en la actualidad 4.802 efectivos entre sus 715 sedes, con un déficit de casi el 50%, ya que «nunca debería haber bajado de los 7.150 trabajadores», inciden desde CC OO, que aseguran que faltan al menos 2.348 personas para alcanzar un nivel seguro y advierten de que el Servicio terminará el año con menos de 7.000 personas trabajando en todos los departamentos –las 715 oficinas de atención presencial, 52 oficinas de atención telefónica, 52 direcciones provinciales y los Servicios Centrales– por las jubilaciones y las bajas, y cifran en 12.500 efectivos el mínimo para mantener un nivel de trabajo «mínimamente satisfactorio».

Desde CSIF denuncian que el 55% de las oficinas de atención al público están infradotadas de personal: hay siete oficinas que ya no tienen personal; 59 cuentan con un solo funcionario; 104 únicamente tiene dos efectivos; 86 se sostienen con tres; en 67 hay cuatro y en 65 oficinas tienen apenas cinco efectivos pese a tener poblaciones considerables.

Además, estos déficits de personal se han visto agravados por los continuos problemas técnicos del nuevo sistema informático de gestión ALMA, puesto en marcha en noviembre de 2024 para la tramitación de los nuevos subsidios y la pasarela al ingreso mínimo vital, que está resultando «ineficaz e ineficiente desde su inicio en la gestión. La aplicación presenta fallos e incidencias constantes que retrasan significativamente la tramitación de expedientes, frente a las aplicaciones informáticas anteriores de constatada solvencia», alerta Manuel Galdeano, coordinador de CSIF en el SEPE, que avisa de que esta problemática afecta de forma generalizada a todas las provincias españolas. «Tras siete meses de su implementación, ALMA sigue dificultando y ralentizando la gestión de expedientes, prolongando excesivamente los tiempos de tramitación en comparación con las aplicaciones anteriores, y comprometiendo el adecuado servicio».

En el mismo sentido, desde CC OO indican que « se está resintiendo la carga burocrática tras la última reforma de los subsidios, con soluciones técnicas –el ALMA– que han sido verdaderos despropósitos y han prolongado el desastre que ahora sufrimos».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se da por aludida por las críticas sindicales por su política en el SEPE y presumió ayer del refuerzo que se ha realizado en este servicio, del que solo reconoció «problemas puntuales», pese a que se encuentra trabajando «a full por el bienestar en nuestro país». Tampoco reconoce que el nuevo sistema informático ALMA se haya convertido en un problema de gestión y Díaz solo se abrió a estudiar la cuestión, porque es una situación «puntual» para, a continuación, echar balones fuera. «Yo me encontré un SEPE recortado por el Partido Popular y ahora está todo absolutamente normalizado».