Airbnb se compromete con Vivienda a eliminar los anuncios de pisos turísticos sin el código de registro único: dará 10 días de margen a los infractores

Airbnb, plataforma de alquiler turístico que está en foco de la ofensiva del Gobierno contra esta modalidad de arrendamiento, ha alcanzado este martes un acuerdo con el Ministerio de Vivienda para retirar aquellos inmuebles anunciados en la plataforma que no cuenten con el código del registro único de alquiler de corta duración y para remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma a partir del mes de agosto. Además, la plataforma ha establecido un límite claro para los incumplidores: los alojamientos sin código tendrán 10 días para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva.

En la actualidad, Airbnb cuenta con un cajetín obligatorio en la plataforma para que los anfitriones incluyan un número de registro válido, preferentemente el nuevo registro nacional. En próximas fechas este sistema será sustituido por dos cajetines diferenciados, uno para el número de registro nacional y otro para el autonómico. Aquellos que no cuenten con el código del registro único de alquiler de corta duración, es decir, el registro nacional, serán identificados por la plataforma, que contará con la ayuda del Ministerio de Vivienda, y se les dará un plazo de 10 días hábiles para solventar errores antes de la retirada del anuncio. Si en cambio el alojamiento experimenta una revocación de número de registro estatal, la retirada del anuncio se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio.

Para facilitar la identificación de irregularidades, a partir de agosto, Airbnb remitirá de forma mensual a Vivienda la información exigida por la normativa, incluyendo los números de registro estatal y autonómicos correspondientes, según el tipo de oferta que se anuncie por los anfitriones. “Este acuerdo refuerza el compromiso de Airbnb con la transparencia y la buena colaboración con las autoridades públicas. La compañía seguirá trabajando para contribuir a un turismo más responsable y sostenible en toda España, apoyando a miles de familias que comparten su vivienda y generan ingresos complementarios de forma segura”, apunta Jaime Rodríguez de Santiago, director general para España y Portugal de Airbnb.

El pasado 1 de julio comenzó a funcionar en España la normativa europea que regula los alquileres de corta duración (alquiler turístico, de temporada o de habitaciones) y que incluye un registro único obligatorio con un código para poder operar legalmente. Este debe estar expuesto de forma visible en las plataformas.

La plataforma ha sido señalada por el Ministerio de Consumo por albergar una supuesta alta cifra de anuncios ilegales de pisos turísticos. El departamento dirigido por Pablo Bustinduy exige a Airbnb la retirada de casi 66.000 anuncios. No obstante, en declaraciones a LA RAZÓN, Jaime Rodríguez de Santiago señaló que el listado está elaborado de una forma "indiscriminada". "Vimos que dentro de esos mismos listados había anuncios que tenían número de licencia, anuncios que no requerían número de licencia y se nos estaba exigiendo retirarlos todos sin justificar el porqué", apuntó.

"Además, se estaba haciendo de una forma que consideramos que excede a las competencias del Ministerio de Consumo y sobre una supuesta infracción que con la normativa anterior ni siquiera existía, porque el propio Tribunal Supremo en 2022 determinó que las plataformas no teníamos obligación de que los anuncios mostraran la licencia", añadió.