Rechazo frontal de los auditores españoles al anteproyecto de Ley que pretende modificar los límites para que una empresa tenga que ser auditada de forma obligatoria. "La medida iría en detrimento de la lucha contra la economía sumergida y de la protección de los accionistas minoritarios". Así lo han advertido el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) y el Consejo General de Economistas (CGE), que denuncian el riesgo que supondría para la seguridad jurídica que saliera adelante en los términos propuestos por el Gobierno de elevar en un 25% los límites de facturación y activos de las empresas que deben ser auditadas, lo que dejaría fuera de control a unas 4.000 compañías.

Censores y economistas muestran su rotunda oposición como reacción ante la consulta pública iniciada recientemente por el ministerio de Economía sobre el anteproyecto de ley que modifica los criterios de tamaño de las empresas o grupos de empresas que deben someter sus cuentas a una auditoría. Critican tanto el hecho de que haya menos empresas obligadas a auditar sus cuentas y por la reducción de los informes, como por el empeoramiento de la transparencia de la economía. "Es un error considerar nuestro trabajo como una carga administrativa cuando se trata de una herramienta que mejora la eficiencia y añaden que la medida iría en detrimento de la lucha contra la economía sumergida y de la protección de los accionistas minoritarios, y merma en la transparencia económica".

Según sus estimaciones, la aprobación del anteproyecto en los términos propuestos implicaría una disminución en la cantidad de empresas auditadas, pero no generaría "ningún ahorro significativos en las pymes españolas", como defienden desde el Gobierno, "sino todo lo contrario, ya que todos los avances en control interno dejarían de aplicarse, provocando mayores costes en las empresas a medio plazo"

Por ello, ambos colectivos pretenden evitar una decisión unilateral del Gobierno, sin que se cuente con sus opiniones, por lo que han acordado solicitar al Ejecutivo y a las principales fuerzas políticas "la retirada de la propuesta" y su "predisposición a dialogar con todas las instituciones para corregir este error", antes de que el texto sea objeto de debate y aprobación en las Cortes. Para el el presiente del ICJCE, Víctor Alió, "existen voces en el ámbito empresarial y político que siguen confundiendo la auditoría de cuentas, que es una herramienta de gestión y para la mejora de la eficiencia, con una carga administrativa. Este error puede hacer que la transparencia en España, que ha tardado más de una década en recuperarse de los efectos de la última gran crisis financiera, que supuso la pérdida de unas 10.000 empresas auditadas, sufra un retroceso significativo".

Por su parte, el recién nombrado presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha destacado que en las alegaciones presentadas al Ministerio defienden que "en aras de un supuesto ahorro de costes para las empresas, especialmente para las pequeñas y las medianas, no se debe comprometer la transparencia del sistema económico. Los beneficios de la auditoría de cuentas -para el interés general, para el control fiscal y para la buena gobernanza de las compañías- superan con creces sus costes".