Bolivia ha nacionalizado una veintena de empresas desde 2006

La nacionalización de la empresa española Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), decretada hoy por Bolivia, confirma la apuesta de Evo Morales por una política de control estatal de los sectores estratégicos, en la que se han visto envueltas una veintena de empresas desde 2006.

Fue ese año cuando el gobierno boliviano decretó la nacionalización de hidrocarburos y conminó a las empresas petroleras a elegir entre firmar nuevos contratos en un plazo de 180 días o irse del país.

Una docena de multinacionales suscribieron, seis meses después, 44 contratos con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y entre otras cosas se acordó el pago de un tributo sobre el valor de la producción de entre el 50 y el 85 por ciento.

Pese a todo, una veintena de empresas han sido nacionalizadas desde entonces, incluidas otras cinco filiales de las empresas españolas Red Eléctrica e Iberdrola.

En el mismo mes de mayo de 2006 Morales volvió a dar al estado el control de la privatizada mina de estaño de Huanuni y en febrero de 2007 el de la empresa de fundición Vinto, en manos suizas.

En mayo de 2008 dio un paso más en el control de los hidrocarburos con la nacionalización de la empresa de logística y almacenamiento CLHB, hasta entonces en manos peruanas y alemanas, y la transportadora de hidrocarburos Transredes, participada por la británica Ashmore y la angloholandesa Shell.

Ese mismo mes, llegó a un acuerdo con Repsol YPF que permitía al Estado recuperar la mayoría accionarial de su filial Andina, con una gestión compartida, y por otro lado nacionalizó la telefónica Entel, filial de la italiana Telecom.

En enero de 2009, Morales completó la nacionalización del gas con la intervención de la empresa Chaco, participada por la británica British Petroleum (BP) y la argentina Bridas, a las que acusó de haber sacado del país 277 millones de dólares.

En mayo de ese mimo año le llegó el turno a Air BP, también filial de la británica British Petroleum, dedicada a la distribución de combustible en los aeropuertos.

La oleada de estatalizaciones prosiguió en 2010 con cuatro empresas eléctricas, una de ellas (Corani) subsidiaria de la francesa GDF Suez y otra (Guaracachi) de la británica Rurelec PLC, además de las bolivianas Vallehermoso y Empresa de Luis y Ferza Eléctrica de Cochabamba.

También en 2010 el gobierno nacionalizó la pequeña fundidora de antimonio Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la suiza Glencore, que había dejado de operar en los últimos años.

Ya el pasado 1 de mayo, Morales expropió a Red Eléctrica sus acciones en Transportadora de Electricidad, cuya indemnización se espera para marzo después de meses de negociación.

En diciembre de ese mismo año decretó la expropiación a Iberdrola de dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

La política de nacionalizaciones de Evo Morales se enmarca en una tendencia al abandono del neoliberalismo de un significativo número de países latinoamericanos; desde el año 2000 la izquierda o centroizquierda gobierna en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, y Venezuela, entre otros.

Tras la avalancha privatizadora promovida por el FMI como única alternativa de desarrollo latinoamericano en los noventa, se está produciendo en los últimos años un ligero retorno al control estatal de sectores estratégicos como los hidrocarburos, seguido de las eléctricas y las telecomunicaciones.

El núcleo duro de esa izquierda latinoamericana lo conforman el venezolano Hugo Chávez y el boliviano Evo Morales que, en la línea del cubano Fidel Castro, encarnan la más férrea oposición a EEUU y hablan de revolución y socialismo, en el siglo XXI.