Bruselas apercibirá a España por la falta de ajustes contra el déficit

El Ejecutivo comunitario ultima una carta en la que exige un plan presupuestario más completo.

La Comisión Europea ha respondido hasta ahora con resignación al largo impasse institucional vivido en nuestro país, que ha impedido la elaboración de nuevos presupuestos para el año 2017 con el ajuste de 5.000 millones de euros comprometidos con nuestros socios europeos. Pero todo indica que Bruselas está dispuesta a marcar el camino de manera firme al próximo Gobierno y estrechar la presión. Fuentes comunitarias consultadas no descartan que en el transcurso de la próxima semana el Ejecutivo en funciones reciba un toque de atención por parte de Bruselas en forma de misiva después de que España tan sólo haya presentado una prórroga de los presupuestos de este año que deja para más adelante los posibles ajustes y recortes.

Según establece la legislación comunitaria, «en casos excepcionales» el Gobierno comunitario puede «consultar al Estado miembro en el plazo de una semana a partir de la fecha de presentación del proyecto del plan de presupuestario». Si Bruselas constata un incumplimiento «especialmente grave» puede adoptar un dictamen en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de presentación de las cuentas públicas del país en el que pida enmiendas en las mismas. Un requerimiento que el Ejecutivo en funciones no podría asumir debido a su situación de interinidad.

Estrechar el cerco

En el caso español, el Gobierno en funciones presentó la prórroga de los presupuestos españoles el pasado viernes tras la reunión del Consejo de Ministros y remitió el documento a Bruselas el sábado, pocas horas antes de que expirase el plazo límite marcado del 15 de octubre.

La fuentes consultadas descartan que el Ejecutivo en funciones pueda recibir una misiva este viernes, cuando se celebre la segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho en Bruselas. Sin embargo, abren la puerta a un apercibimiento a partir de la próxima semana. Un gesto con un valor más de carácter político que legal, ya que el Gobierno en funciones está atado de pies y manos para responder de manera rápida a las posibles peticiones de Bruselas de realizar más ajustes.

El plazo para la investidura de un nuevo presidente termina a finales de este mes y el titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, se mostró optimista la semana pasada con poder enviar un borrador de presupuestos con ajustes por valor de 5.000 millones antes de finales de año. El plazo previsto en las leyes europeas establece el 30 de noviembre como fecha límite para que la Comisión Europea haga público un dictamen sobre los presupuestos nacionales de las capitales europeas, aunque puede haber excepciones. El año pasado, el Gobierno luso recién elegido en las urnas, tardó tres meses en enviar las cuentas definitivas a Bruselas y el dictamen final del ejecutivo comunitario no se produjo hasta el 5 de febrero.

La sombra de Dijsselbloem

En el caso español, esta posible misiva serviría para dejar claro que Bruselas perdona pero no olvida. El pasado mes de julio, nuestro país consiguió sortear una multa de 2.000 millones de euros por el derrape presupuestario del año 2015. En caso de reincidencia, esta cantidad podría aumentar hasta los 5.000 millones El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, el pasado lunes dejó claro que esta bula temporal sigue levantando ampollas. El político holandés pidió a nuestro país que antes de elaborar sus cuentas públicas las«verificase» adecuadamente y recordó que «incluso si el Gobierno español envía un presupuesto sin cambio de política, la Comisión tiene que dar su veredicto». En la misma línea, el Comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, recordó que el objetivo de déficit público del 3,1% del PIB para el año 2017 debe cumplirse a rajatabla, lo que supone un ajuste de 15.000 millones.

Bruselas también tiene pendiente resolver la propuesta de congelación de fondos europeos para nuestro país a partir del año que viene, pero los intentos del Parlamento Europeo para frenar esta decisión están retrasando esta iniciativa. Un movimiento por parte de la Eurocámara que tampoco gusta al ala dura del ejecutivo comunitario.