La Unión Europea expedienta a España por la normativa utilizada para condicionar la opa de BBVA al Sabadell

La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción contra España debido a la actuación del Gobierno al imponer condiciones adicionales a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. Las sospechas de Bruselas se centran en dos frentes: por un parte cree que las leyes españolas contravienen la legislación comunitaria y, por otra, considera que la decisión de que esta OPA se tratara en el Consejo de Ministros no responde al interés general y, por lo tanto, no estuvo justificada.

El procedimiento de infracción no detiene esta operación financiera, pero sí la complica. Tras el anuncio de este jueves, ahora las autoridades españolas tienen dos meses para dar las debidas explicaciones al Ejecutivo comunitario. Si éstas no resultan convincentes, Bruselas puede dar un segundo aviso en forma de dictamen motivado. Un apercibimiento que también suele otorgar un plazo de dos meses adicionales. En caso de que las diferencias no logren solucionarse, este caso puede terminar ante el Tribunal de Justicia de la UE que puede acabar imponiendo una multa.

El pasado 24 de junio, el Consejo de Ministros decidió dar luz verde a esta operación, pero siempre y cuando durante tres años la dos entidades mantengan la personalidad jurídica, patrimonios separados y autonomía en la gestión. Esto contrasta con las decisiones adoptadas tanto por parte del Banco Central Europeo como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que habían dado luz verde respectivamente sin solicitar estos requisitos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores aceptó la operación después de que el BBVA se comprometiera a solventar una serie de riesgos como el compromiso de mantenimiento de presencia física en determinados territorios, la debida comunicación a los clientes y la posible reducción del crédito a las pymes.

Aparte de la controvertida decisión de elevar este tema ante el Consejo de ministros, la Comisión Europea considera que la ley española de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de 2014, y el real decreto que la desarrolla, de 2015, otorgan al Ministerio de Economía demasiado poder. En concreto, Bruselas considera que el Gobierno tiene ciertas potestades discrecionales y no limitadas para decidir sobre operaciones bancarias. Esto contraviene la legislación comunitaria ya que socaba la competencia exclusiva del Banco Central Europeo, que en este caso hacía dado su visto bueno a la operación en el año 2024.

Tras conocerse el veredicto del Consejo de Ministros, la Comisión Europea ya había avisado de que cualquier decisión debía ser “excepcional, proporcionada y justificada por razones de interés público válidas”. Tras analizar la ley española de Defensa de la Competencia de 2007 ( en virtud de la cual el Consejo de ministros analizó la OPA) Bruselas considera que la normativa otorga a nuestro país la facultad de oponerse a una concentración bancaria por motivaciones distintas al interés general. Además, en este caso, Bruselas considera evidente que la motivación para frenar esta OPA no ha sido el bien común.

Pese a este expediente, este proceso no afectará en la práctica a la operación de BBVA sobre el Sabadell, ya que lo que preocupa al Ejecutivo comunitario es cómo la legislación española no está alineada con el Derecho de la UE. Bruselas espera ahora que España corrija los fallos detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren un cambio bastante profundo, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan orientarse y utilizarse debidamente.

El Ministerio de Economía ha mostrado su disposición a cooperar con la Comisión Europea y el resto de instituciones comunitarias para "aclarar" las posibles diferencias jurídicas que haya. España comunicará su respuesta en el plazo de dos meses, como habilita el procedimiento. El Gobierno seguirá cooperando constructivamente con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando nuestro firme compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho".