Los cuerpos de elite de los funcionarios se levantan contra las nuevas oposiciones: "Son la demolición de la Administración"

El Gobierno pretende darle la vuelta al sistema de oposiciones para los cuerpos superiores de la Administración del Estado A-1, el de mayor exigencia formativa, y A-2, los cuerpos de gestión.

Así lo anunció esta mañana el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, al presentar el «Consenso por una Administración abierta».

Un consenso que ni ha buscado ni encontrará con las asociaciones y sindicatos más representativos entre los altos funcionarios de mayor escala.

La Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca) expresó en un comunicado su preocupación sobre las propuestas del Gobierno.

«Toda reforma debería respetar los principios constitucionales y también los de la Función Pública: igualdad, mérito y capacidad», señaló Fedeca en un mensaje en redes sociales, y anunció que la semana que viene se reunirá con el Gobierno.

Por su parte, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) mostró su frontal rechazo ante una propuesta que supone más subjetividad, rebaja de criterios y conocimientos para acceder a la alta función pública.

"Gravísimo peligro"

Según fuentes de los inspectores las medidas son un compendio de «ambigüedades y palabras huecas que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la Función Pública».

La intención, para IHE, es evidente: "demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano".

"El plan pretende que «una selección de personas, que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego, cuando ya se conocen sus nombres y apellidos, ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área de la AGE, previamente diseñadas con una ambigüedad que roza el absurdo», razón por la cual IHE advierte del «absoluto caos en el servicio público».

Menos preparación

«Los funcionarios ya no tendrán la misma preparación que antes».

Sin embargo, el peor peligro es para los inspectores "la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad. En definitiva, la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española".

"El Gobierno, no contento con demoler la función pública a partir de la cesión de competencias que en muchas áreas se está proponiendo, en especial, en el área tan crucial para un estado de bienestar como es la Administración tributaria, sigue adelante con el desmoronamiento de la Administración, del Estado de Derecho y de la función pública española".

Por su parte, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha asegurado que el nuevo modelo de oposiciones para los puestos más altos de la administración no solucionará los "graves" problemas de las administraciones y de sus profesionales.

Según el nuevo modelo que quiere implantar el Gobierno para los cuerpos superiores, se hará una prueba de acceso específica para los puestos a cubrir. Quienes obtengan las mejores notas pasarán a realizar un máster de dos años que finalizará con un examen definitivo para obtener la plaza.

Se convocarán así más plazas de las necesarias y se habilitarán centros de formación e institutos para impartir estos másteres. Función Pública aseguró que quiere adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, por lo que considera imprescindible una formación obligatoria posterior y previa a la asignación de la plaza.

¿Qué pasará con los aspirantes que no aprueben el examen? Recibirán un título por los estudios que han cursado que tendrán reconocimiento oficial.

Para los grupos C1 y C2, la formación se recibirá una vez se obtenga la plaza, es decir, una vez se esté en el puesto de trabajo. En el resto de categorías de oposición se mantendrá el actual sistema de oposiciones.