El Banco de España conocía las tarjetas «Business Plata» de Caja Madrid

La mayoría de los beneficiarios de las tarjetas se niega a devolver el dinero gastado hasta que lo ordene un juez.

Los auditores internos de Caja Madrid, el auditor externo, el Banco de España y el Ministerio de Hacienda tuvieron acceso a los gastos derivados de las tarjetas «Business Plata EMV» emitidas por la entidad financiera al margen de los circuitos establecidos con carácter general y ordinario en el banco. Según las fuentes consultadas por este diario, estas tarjetas, que podían utilizar los miembros del consejo de administración y de la comisión de control (los consejeros no ejecutivos), estaban contabilizadas bajo el concepto «gastos de órganos de gobierno», a los que tenían acceso el departamento de control de la entidad, el regulador del sistema financiero y el fisco. No sucedía lo mismo con las denominadas tarjetas «Business Oro EMV», reservadas a consejeros ejecutivos y directivos, cuyos gastos acababan en la contabilidad de la entidad en la cuenta «tratamiento administrativo circular 50/99», de casi imposible comprobación por los organismos fiscalizadores.

Cuarenta y cinco días después

El caso de las «tarjetas B» de Caja Madrid/Bankia se destapó a principios del pasado mes de octubre. Un total de 83 beneficiarios hicieron uso de esta modalidad de pago. Tres de ellos, Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid; Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid y Bankia, e Ildefonso Sánchez Barcoj, director general, al que todos señalan como el «ideólogo» del sistema. Los tres están imputados por el juez Fernando Andreu, que les tomó declaración hace ahora un mes. El magistrado impuso a Blesa un fianza de 16 millones de euros y otra de 3 millones a Rato, destinadas ambas a cubrir posibles responsabilidades civiles por la causa.

El uso de las «tarjetas B» provocó un gasto superior a 15,4 millones de euros que sólo en una pequeña parte ha sido restituido. Una decena de personas ha depositado el dinero utilizado (en su totalidad o en parte) en cuentas de Bankia o la Fundación Caja Madrid. Ante las dudas suscitadas sobre qué entidad es la que debería recibir el dinero utilizado supuestamente de forma irregular por los titulares de las «tarjetas B» entre los años 2003 y 2012, el FROB decidió a mediados del pasado mes abrir una cuenta para que los interesados pudieran reintegrar voluntariamente el dinero, sin perjuicio de que el Ministerio de Hacienda pudiera imponer sanciones o recargos a sus titulares por posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias. Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, esta cuenta ha permanecido prácticamente inalterada desde su creación.

Instrucciones de Caja Madrid

Los argumentos que aducen los beneficiarios de las tarjetas son que formaban parte de su remuneración, junto a un seguro de vida, un seguro de enfermedad, las dietas y una Visa Plata/Oro «para gastos personales, no ligados a la actividad», según asegura uno de los beneficiarios, que prefiere permanecer en el anonimato. «La tarjeta formaba parte de los honorarios de cada uno». Las instrucciones de la entidad (Caja Madrid) fueron, en su opinión, claras: no hay que pasar ningún justificante, porque a la empresa le sale más barato de esta forma que mantener una flota de coches y una estructura administrativa adecuada para los consejeros no ejecutivos de la caja.

Para la mayoría de los beneficiarios de las tarjetas, devolver el dinero gastado sería un reconocimiento de que se ha hecho algo malo. «La tarjeta no es ilegal, sino un complemento de la retribución». La tarjeta era entregada por el secretario del consejo de administración, de quien dependían los servicios jurídicos y los fiscales de la entidad.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario creen que la responsabilidad de los certificados de ingresos anuales de los trabajadores, directivos y consejeros corresponde a Caja Madrid/Bankia y que los beneficiarios de las tarjetas se han limitado a reflejarlos en su declaración correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El caso de las «tarjetas B» permanece a la espera de las investigaciones que está realizando la Fiscalía Anticorrupción. Los beneficiarios creen que si los jueces deciden que hay que devolver el dinero se verán obligados a exigir que sea la entidad financiera la que lo haga, aunque son conscientes de que, en el peor de los casos, tendrán que pagar lo que en su momento no cotizó a efectos del Ministerio de Hacienda.

Muchos de los ojos de quienes disfrutaron de estas tarjetas están puestos en el director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, Iñaki Azaola Onaindia, al que consideran responsable de haber entregado más datos de los que la Fiscalía había solicitado, violando, en su opinión, la intimidad. El fiscal solicitó información con «el máximo nivel de detalle posible», lo que no abre las puertas a especificar con todo lujo de pormenores todos y cada y uno de los movimientos de las tarjetas durante nueve años.