El FMI avisa: «revertir» las reformas reducirá la confianza en España

Afirma que el PIB crecerá un 3,1% este año, seis décimas más de lo previsto en abril. Aconseja subir el IVA y los tributos especiales y «verdes»

Subidas de impuestos, copago sanitario, un marco laboral con contrato único y el mantenimiento de la tendencia reformista. Con estas recomendaciones, el Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la economía española podrá mantener el actual ritmo «vigoroso» de crecimiento, una tendencia que hará que, en su opinión, el PIB crezca un 3,1% este año –seis décimas más de lo previsto en abril– y un 2,5% en 2016. Lo anterior figura en el documento final de la «Misión de Consulta» del Fondo en nuestro país, que fue presentado ayer por el jefe de la expedición, Helge Berger.

«España va extraordinariamente bien hasta el momento», dijo Berger, que señaló que las reformas «marcan la diferencia» de nuestro país en una mejoría económica influida especialmente por los «vientos de cola del exterior». En concreto, se refirió a las políticas monetarias del BCE, la depreciación del euro y la caída de los precios del petróleo.

Tras analizar la economía española, el organismo que preside Christine Lagarde propone una serie de medidas económicas entre las que destacan las ligadas al aumento de los ingresos públicos. En concreto, y después de que el Gobierno subiera en 2012 y 2013 la práctica totalidad de los impuestos, el FMI recomienda una «gradual reducción de los tratamientos preferenciales en el IVA».

Bajo este eufemismo, el Fondo lo que recomienda es que el máximo número de productos y servicios que actualmente tributan al 4% (superreducido) y al 10% (reducido) pasen a pagar el tipo general (21%). Preguntado por esta cuestión, Berger prefirió no «especular» y reiteró que se trata sólo de una «recomendación».

De hecho, el IVA no es el único tributo que el FMI considera que debe subir España. El documento también plantea que nuestro país debe abordar un «incremento de los impuestos especiales y medioambientales», un epígrafe sobre el que Berger también eludió dar mayores explicaciones. El Fondo propone asimismo la «introducción de mecanismos impositivos alternativos que permitan la financiación de las autonomías en época de crisis.

Por el lado del gasto público, el FMI propone «a nivel regional» la «reducción de costes en la provisión de servicios de Sanidad y Educación». Además, apunta que nuestro país debería «aumentar la responsabilidad de las comunidades autónomas (CC AA) en el copago de estos servicios».

A nivel regional, el Fondo considera que el Gobierno debe plantearse una reedición de los límites de déficit asimétricos para las comunidades, que fue utilizado en 2013. Así, plantea «permitir el establecimiento de objetivos fiscales regionales diferenciados que tengan en cuenta las diferencias estructurales entre las necesidades y las capacidades de ajuste» de cada autonomía. Además, plantea «abordar los defectos del sistema de financiación autonómica».

Respecto al mercado laboral, el FMI alerta de que, pese a que se han creado «cerca de medio millón de nuevos puestos de trabajo desde mediados de 2014», «cinco millones de españoles, muchos de ellos jóvenes, siguen en el paro». El organismo propone que las empresas puedan fijar sueldos en función de las «diferencias» en la situación de cada compañía. Además, plantea un «contrato único con costes de despido en función de la antigüedad» y ligar salarios «a la productividad».

Por último, para las pymes, el FMI recomienda «acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado», «apoyar la exportación» y el desarrollo de la «financiación no bancaria».

En opinión del FMI, todo lo anterior servirá de poco si afloran los «riesgos económicos» latentes, dijo Berger. En el caso de España, este peligro estaría basado principalmente en que se reviertan las reformas pasadas –como pretenden los partidos de la oposición–, ya que esto «podría acabar con la confianza generada».

Para realizar el informe, los miembros del FMI se reunieron con «todos los partidos políticos relevantes del país –incluidos Podemos y Ciudadanos, encuentros «muy productivos»–, así como con el Gobierno, los ministerios, el banco central y «think tanks».

Las recomendaciones del fondo

- Que el máximo número de productos y servicios gravados con el 4% y el 10% de IVA pasen a tributar al tipo general (23%).

- Subida de impuestos especiales y medioambientales, así como «mecanismos impositivos alternativos para las comunidades».

- Aumento de la responsabilidad de las autonomías en el copago en Sanidad y Educación.

- Objetivos de déficit asimétricos para las comunidades.

- Abordar los defectos en el diseño del sistema de financiación autonómica.

- Continuar el proceso de desapalancamiento del sector privado (hogares y empresas).

- Ajustar los salarios en función de la situación de cada empresa, ligarlos a la productividad y eliminar los obstáculos legales al descuelgue de los convenios.

- Reducir la dualidad e introducir el contrato único «con costes de despido en función de la antigüedad en sectores sin elevada rotación estacional».

- Aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo.

- Acelerar la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.

- Eliminar las restricciones al crecimiento empresarial, especialmente de las pymes.

- Fomentar que las pymes españolas «entren en los mercados de exportación y continúen siendo competitivas».