El Gobierno fija nuevas reglas para auditores y eleva la protección del inversor

El Gobierno ha aprobado hoy un proyecto de ley que busca aumentar la confianza en el trabajo de los auditores, así como un decreto ley que mejora la protección al inversor, especialmente en aquellos casos en los que el gestor de un fondo se considere relevante.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a estas dos medidas y ha servido también para adaptar la normativa española de solvencia financiera y confirmar el nombramiento del subdirector general de Legislación y Política Financiera, Jaime Ponce, como nuevo director general del FROB, en sustitución de Antonio Carrascosa.

En rueda de prensa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la nueva ley de auditoría tiene como objetivos reforzar los servicios de auditoría, aumentar su calidad e incrementar la confianza e independencia de estos profesionales.

El proyecto de ley de auditoría, que a partir de ahora seguirá el proceso de tramitación parlamentaria, sale adelante después de que el último Consejo de Ministros de 2014 aprobara un anteproyecto que quedó pendiente del dictamen favorable del Consejo de Estado.

La principal novedad de ese texto era el límite a diez años del contrato por el que los auditores supervisan las cuentas de bancos, aseguradoras o cualquier empresa cotizada, incluidas las pequeñas.

Un límite temporal que se aplica a otras entidades consideradas de interés público, como sociedades recíprocas, fondos de pensiones o instituciones de inversión colectiva.

Sobre estas últimas, el Gobierno ha decidido en un decreto ley que, en el caso de que el gestor de un fondo de inversión tenga la consideración de relevante, su sustitución sea comunicada a los partícipes, puesto que se considera como un cambio en la política de inversión del fondo.