El Gobierno presenta el recurso contra la devolución de ayudas al naval

El Gobierno presentó ayer ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de obligar a los inversores a devolver los beneficios fiscales obtenidos por la financiación de la construcción naval entre 2007 y 2011, que ascienden a 126 millones de euros.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han explicado hoy a Efe que el Gobierno alega en el recurso que en estos beneficios fiscales no concurre ninguno de los requisitos exigidos para ser considerados ayudas de Estado.

Así, defiende que estas bonificaciones se obtenían mediante un proceso abierto a todos los inversores -es decir, que no eran selectivas- y que con ellos ni se falseaba ni se amenazaba con falsear la competencia.

De manera subsidiaria, el Gobierno alega que las bonificaciones se basaban en la confianza legítima, la igualdad de trato y la seguridad jurídica, por lo que aunque fueran consideradas ayudas de Estado no procedería su devolución.

El pasado 17 de julio el Ejecutivo comunitario dictaminó que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para la financiación de la construcción naval, conocido como "tax-lease", debían reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011, aunque inicialmente las autoridades comunitarias planeaban que la devolución se remontara a 2005.

Pocos días después, el 22 de julio, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunció que el Gobierno recurriría esta decisión, una medida en la que estuvo apoyado por las comunidades autónomas afectadas, los sindicatos y el sector.

Sin embargo, el Gobierno decidió finalmente no solicitar medidas cautelares, ya que no existen precedentes en el Tribunal de Justicia de la UE y, además, prorrogaría la vuelta a la normalidad en el sector.

Así, mientras se preparaba el recurso, el Ministerio de Hacienda calculaba el importe de las ayudas que deberían devolverse de acuerdo al dictámen de la CE y que, según sus estimaciones, supondrían un máximo de 126 millones de euros.

Esta cantidad, que todavía tiene que ser validada por Bruselas, es "teórica", ya que está basada en la autorización inicial de las ayudas, es decir, que considera que todas las estructuras fiscales se han completado.

De esta manera, para cifrar las ayudas reales, es necesario analizar caso por caso el beneficio fiscal realmente obtenido, para lo que se precisan datos adicionales de cada operación y su ritmo de ejecución.