El Gobierno propone meter la tijera a la pensión de viudedad

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirma que «no es razonable» que algunas personas viudas reciban un salario superior al del cónyuge fallecido y plantea reducir esa percepción.

Las pensiones de viudedad vuelven a estar en la picota. En este caso, no para incrementarlas sino para adecuarlas al nivel de renta de sus perceptores. Este globo sonda del Gobierno de Sánchez se traduciría en un «tijeretazo» para aquellas personas que, bien por su trabajo o por su capacidad para gestionar el patrimonio del que disponen, disfrutan de unos ingresos adicionales a la pensión de viudedad que podrían ser «suficientes» para reducir o hasta llegar a invalidar el cobro de esta percepción, según el planteamiento que deslizó ayer el Ejecutivo.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sugirió ayer que las «nuevas pensiones de viudedad» se deberían vincular a la renta de los beneficiarios, dado que en algunos casos las personas viudas perciben un salario muy superior al del cónyuge fallecido y «no parece razonable que se siga incrementando la renta de la persona que más recursos tiene».

Durante su intervención en el foro «El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa», organizado por APD, VidaCaixa y Mercer, Granado incidió en que lo razonable es que se mejoren las pensiones de muchas mujeres que al perder a su pareja se encuentran con que han perdido capacidad adquisitiva debido a que normalmente los hombres tienen un salario más elevado. «Cuando un hombre (con un salario superior al de su mujer fallecida) cobra una pensión de viudedad mejora su nivel de renta, mientras que cuando la cobra una mujer (con menos salario) lo empeora en términos de renta familiar», explicó el responsable de la Seguridad Social.

Granado puntualizó que siempre sería una medida a aplicar para las nuevas pensiones de viudedad y que habría que hacerlo «despacio». «Las pensiones de viudedad se generaron para mujeres que no podían trabajar», recordó Granado, tras afirmar que es necesario que la sociedad española indique qué hay que hacer con esta prestación.

A cierre del pasado mes de febrero, había 2.361.111 pensiones de viudedad en vigor en España. El 92,2% de los perceptores de las mismas eran mujeres, por apenas un 7,8% de hombres. La pensión media de viudedad ascendió a 725,14 euros para las mujeres y a 507,95 euros en el caso de los hombres viudos.

Según estos datos, la propuesta de Granado apenas tendría impacto en las cuentas de la Seguridad Social si este «tijeretazo» se aplicara en exclusiva a aquellos perceptores que fueran hombres. Para que tuviera alguna incidencia, se tendría que aplicar también a las viudas que dispongan de ingresos «suficientes», bien por su salario o por la gestión de su patrimonio. Según indicaron fuentes de la Seguridad Social a este diario, no se disponen de datos cruzados sobre los diferentes niveles de renta de los perceptores de las pensiones de viudedad, un capítulo que corresponde al Ministerio de Hacienda.

En cualquier caso, el Estado afronta mensualmente un gasto de 1.672 millones de euros sólo en pensiones de viudedad. El gasto anual previsto por la Seguridad Social para este capítulo en 2019 es de 23.439 millones de euros.

A lo largo de su intervención, Granado fue deslizando diversos planteamientos para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones público. Entre sus propuestas, sugirió revisar las prestaciones por incapacidad, de manera que se pueda plantear una «incapacidad parcial respecto al tiempo de jornada», que permitiría una jornada reducida «porque una persona puede que no este capacitada para trabajar ocho horas, pero sí cuatro».

En este sentido, Granado pidió una mayor implicación entre el sistema sanitario y la Seguridad Social para reducir el gasto de las pensiones de incapacidad. Asimismo, remarcó la importancia de las subidas de salarios para detraer más recursos mediante las cotizaciones para hacer frente a la ingente nómina de las pensiones, cuyo gasto se disparará durante este decenio, y que la persona que se jubile antes contribuya más porque en unos años «el sistema no va a tener recursos suficientes para abordar todas las jubilaciones anticipadas».

Sobre la maltrecha salud de la Seguridad Social, indicó que su patrimonio neto se ha reducido en 100.000 millones en los últimos siete años, ya que en 2011 ascendía a 75.000 millones, en tanto que los datos de 2018, aún por consolidar, apuntan a un saldo negativo de 32.000 millones.