El Gobierno tira de otro crédito de 7.500 millones para las pensiones

La Seguridad Social completará los 17.727 millones de la paga y la extra de junio con otro préstamo del Tesoro.

Lo que se implementó como una medida extraordinaria para garantizar el sostén del sistema público de pensiones ha acabado por devenir en una medida ordinaria tan necesaria como recurrente. Como las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social no alcanzan para cubrir la factura de las pensiones cuando se juntan la paga mensual y la extraordinaria de junio –este mes también se abona el IRPF de las pensiones– y diciembre, el Estado tiene que prestar dinero al pagador de las pensiones a través del Tesoro para garantizar la viabilidad del sistema. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un nuevo crédito para este fin por importe de 10.192 millones de euros. De este préstamo, librará 7.500 millones para complementar los ingresos del sistema y abonar los 17.727 millones de euros a que asciende la factura de las pensiones este mes. El Fondo de Reserva, del que se tiró en primer lugar cuando las cuentas dejaron de cuadrar con la crisis, no se tocará tras este préstamo y seguirá contando con algo más de 8.000 millones de euros.

El Ejecutivo aprobó en los Presupuestos de 2017 un préstamo de 10.192 millones para hacer frente al pago de las pensiones, que se agotó en diciembre del año pasado y que este ejercicio, tras la prórroga de las cuentas de 2017, vuelve a estar disponible, a la espera que de que se aprueben las cuentas de 2018, que incluyen un nuevo préstamo. La Tesorería de la Seguridad Social contará entonces con un crédito de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de estas prestaciones. Tras tirar de esos 7.500 millones, la Seguridad Social todavía contará con 2.692 millones del préstamo de 10.192 millones.

Vuelta al IPC

El sistema público de pensiones lleva sometido a fuertes tensiones desde hace años por su creciente número de beneficiarios y el menguante de cotizantes que lo sostienen. En mayo, la factura ascendía a 8.985 millones de euros. Para tratar de garantizar su viabilidad financiera, el PP aprobó en 2013 una reforma que desligaba la revalorización de las pensiones del IPC y añadía otros factores como la esperanza de vida. No obstante, la fuerte presión social ha llevado al Pacto de Toledo esta misma semana a retomar los precios como referencia para su revalorización en tiempos de bonanza. Los partidos, sin embargo, discrepan en cómo deben incrementarlas en épocas de crisis. Partidos como el PP abogan porque, en estas situaciones, sólo las pensiones más bajas suban de acuerdo con el IPC y que las más altas lo hagan en función de factores como podrían ser el crecimiento económico, los ingresos de la Seguridad Social o los salarios.