El gran coste para España del 21-D del que nadie habla

Una vez pasado el efecto transitorio, que a Cataluña le vaya mal implica que nos irá mal a todos.

El proceso independentista no arrancó el pasado mes de septiembre, pues ya venía gestándose desde hacía años. Sin embargo, en septiembre sí arrancó la parte del proceso independentista caracterizada por la ruptura institucional: primero a través de la aprobación parlamentaria de las leyes de desconexión, después con la celebración del referéndum del 1-O y, finalmente, con la declaración unilateral de independencia.

Las consecuencias de este proceso rupturista no han sido positivas para Cataluña, dado que han alimentado una generalizada incertidumbre política, social y económica. Primero, la economía catalana crecerá durante este trimestre la mitad que el resto de España: eso equivale a una pérdida de más de mil millones de euros sólo en tres meses. Segundo, el aumento del desempleo durante el mes de octubre fue el peor desde el año 2008 y, en noviembre, desde 2009. Tercero, el turismo también se ha resentido, hasta el punto de que el número de turistas se redujo en octubre un 4,6% frente al mismo mes del año anterior, mientras que en el conjunto de España se expandió un 1,8% (y en algunas regiones, como Comunidad Valenciana o Madrid, a tasas superiores al 6%). Y cuarto, la fuga de sedes sociales ha dejado a Cataluña sin la residencia social de más de 3.100 empresas.

En definitiva, los daños económicos han sido importantes y, a raíz del resultado electoral del 21-D, todo apunta a que van a perpetuarse: no sólo por la persistencia de la amenaza de ruptura institucional, sino por la dependencia que el nuevo gobierno catalán seguirá mostrando hacia una fuerza política radicalmente liberticida como son las CUP.

Un cóctel –rupturismo y dependencia política del paleomarxismo– que poco hará por volver más atractiva a la autonomía. Sin embargo, sería un error pensar que los únicos perjudicados por el parón económico de Cataluña serán los propios catalanes: también el conjunto de españoles saldremos damnificados. A corto-medio plazo, conviene recordar que el PIB de Cataluña equivale a aproximadamente el 20% del PIB de España: será muy complicado que la parálisis de una quinta parte de nuestra economía no termine afectando a la capacidad de crecimiento del resto.

Es cierto que durante un tiempo el trasvase de recursos –inversiones, turistas, trabajadores, empresas– desde Cataluña al resto de España puede incluso proporcionarles un empujón económico a las autonomías receptoras: pero, pasado ese efecto transitorio, que a Cataluña le vaya mal implica que también nos terminará yendo mal a todos los demás.

Con todo, creo sinceramente que las consecuencias más negativas del rupturismo independentista para el conjunto de la economía española las sufriremos en el largo plazo. Por una razón: España continúa necesitando de reformas políticas y económicas de calado. La crisis supuso una ventana de oportunidades para acometer alguna de esas reformas (especialmente en el mercado laboral), pero dejó muchísimas otras áreas sin atajar (reforma energética, reforma del Estado, reforma financiera, reforma de las pensiones, reforma de los autónomos, reforma de mercados oligopolizados, reforma de la financiación autonómica, etc.).

Pues bien, todo apunta a que el debate político durante los próximos años –acaso lustros– estará centrado en la cuestión territorial, colocando de esta manera en un absolutísimo segundo plano tan urgentes asuntos de índole económica. El «procés» catalán, pues, amenaza con desviar el foco desde el reformismo económico al reformismo territorial, condenando el primero a un completo olvido.

Este último será uno de los grandes efectos político-económicos de las elecciones catalanas celebradas este pasado 21 de diciembre y del que, desgraciadamente, muy pocos están hablando. La reforma institucional del Estado español, nuevamente al congelador.