El usuario paga

La última enmienda al proyecto de Ley del Sector Eléctrico plantea una cuestión clave: ¿Quién paga el déficit creado al desaparecer la aportación de los PGE?

En un mercado libre, comprador y vendedor pactan libremente el precio de cada transacción. En un mercado intervenido, el precio lo fija quien tiene autoridad para ello. En ausencia de otras reglas, esto conduciría fácilmente a una ventaja para una parte o desventaja para la otra.

En el mercado eléctrico minorista, el precio está intervenido, pues el Gobierno decide sobre el precio en sí (tarifa de último recurso) o sobre un componente sustancial del mismo (los peajes de acceso). Hay una regla adicional que establece que las empresas que venden la electricidad deben ser compensadas por todos los costes razonables en que deben incurrir para producir y hacer llegar la electricidad a los consumidores, más aquéllos otros que el Gobierno decide que se incluyan en la tarifa (primas a las renovables, moratoria nuclear y otros). Si la tarifa aprobada no cubre todos los costes reconocidos, la diferencia sólo puede pagarse de tres formas: mediante una subida de la tarifa (pagan los consumidores), negando a las empresas el derecho que les corresponde, por ejemplo, recortando su retribución (pagan las empresas) o mediante una aportación del propio Gobierno, por vía presupuestaria (pagan los contribuyentes).

En la ya larga historia del déficit eléctrico (que se produjo por primera vez en el año 2000) se ha recurrido a las tres vías, y la proverbial creatividad española no ha sido capaz de inventar ninguna otra. La mayor parte de la deuda se ha convertido en pagos aplazados, que las empresas –o un fondo creado al efecto por el Gobierno– titulizan y colocan en el mercado, con garantía del Estado, pagando los consumidores la cuantía correspondiente en unos cuantos años (catorce) con los correspondientes intereses. Así que es de esperar que esta ocasión no sea una excepción.

Parece que el Gobierno ha reconocido a las empresas el derecho a cobrar esa cantidad, previamente reconocida –no podía ser de otra manera–, con su garantía. Así pues, muy probablemente tendremos una nueva anualidad del déficit que pagaremos en el recibo durante los próximos años –actualmente, del orden del 6% del precio que pagamos por cada kilowatio-hora corresponde a anualidades anteriores del déficit–.

*Presidente de Nereo Consultores