El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 11.556 en 2022, cifra un 5% inferior a la de 2021, un descenso que pone fin a dos años consecutivos de aumentos de dos dígitos, después de que 2020 crecieran un 41,6% y en 2021, un 60,3% y un 41,6%, respectivamente. Sin embargo no todo es positivo. Durante el cuarto trimestre de 2022 se aceleraron los embargos, tras registrarse 3.049 sobre viviendas habituales, un 50,8% más que en el trimestre anterior, que aunque es un 7,9% menos que en el cuarto trimestre de 2021, marca un claro cambio de tendencia, que determina un aumento sustantivo en la parte final del año.

Según la estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística, en 2022 se contabilizaron 25.551 embargos de toda clase de inmuebles para su venta tras el impago de un crédito, lo que supuso un 22,3% menos que en 2021, una tendencia que volvió a cambiar en los tres últimos meses del año, cuando se produjeron 6.366 ejecuciones hipotecarias, un 55,1% más respecto al trimestre anterior. Esto contrasta con los dos años precedentes de subidas en las ejecuciones de hipoteca -en 2021 repuntaron un 57%, el mayor incremento desde 2014-, y se vuelve a la bajada interanual que se registró durante cinco años ininterrumpidos, entre 2015 y 2019. De las 14.148 viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria en 2022, 11.556 fueron habituales en propiedad y 2.592 no eran residencia habitual de los propietarios, un 12,8% menos. Atendiendo al estado de la vivienda, el 11,7% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en el año 2022 fueron sobre viviendas nuevas, que se redujeron un 20,6%, y el 88,3% sobre viviendas usadas, que cayó un 18,3%. Los registros de la propiedad certificaron 14.149 ejecuciones hipotecarias de viviendas de personas físicas, un 6,5% menos.

El INE determina también las ejecuciones respecto al año de constitución de la hipoteca. Así, el 15,9% de las iniciadas sobre viviendas en el año correspondió a hipotecas constituidas en 2007; el 14,9 % a hipotecas constituidas en 2006, y el 10,4 % a hipotecas de 2005. Por tanto, el periodo que abarca entre 2005-2008 -justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria- concentró la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2022. En total, desde 2018 se han contabilizado 110.200 embargos hipotecarios.

Los correspondientes a las viviendas de personas físicas bajaron el pasado año respecto a 2021 en todas las comunidades autónomas excepto Extremadura, donde subieron un 7,51%; Baleares, un 6,47% más; y Galicia, un 1,55%, mientras cayeron más en País Vasco (-21,33%) y La Rioja (-19,83%). De las 14.148 certificaciones de vivienda por embargo para su venta tras el impago de un crédito, en Andalucía se registraron 3.660, en la Comunidad Valenciana 3.344; en Cataluña 3.136 y en Madrid 1.443. Eso casi significa que dos tercios del total de dio en Andalucía (25,9%), la Comunidad Valenciana (20,2%) y Cataluña (18,5%). Además, se produjeron otras 2.703 sobre viviendas de personas jurídicas, también en mayor medida en Andalucía (26,0%), Cataluña (19,4%) y la Comunidad Valenciana (18,1%).

Sumando ambas, en todo el país hubo 16.851 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 18,57% menos que en 2021, al caer un 6,54% respecto a las que eran propiedad de personas físicas y un 51,35 % respecto a las que eran propiedad de personas jurídicas. La comparación con 2019, antes de la pandemia, ofrece como resultado un descenso en conjunto del 38,70%, pero una subida del 91,66% en las viviendas de personas físicas frente a una reducción del 86,56% en el caso de las personas jurídicas. En este caso, por comunidades autónomas, las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas se dispararon un 234,48% en 2022 respecto a 2019 en la Rioja, un 181,97% en Murcia, un 145,83% en País Vasco, un 139,00% en la Comunidad Valenciana, un 127,27% en Navarra y un 103,11% en Andalucía.

El INE aclara que no todas las ejecuciones de hipoteca que se inician terminan con el lanzamiento de sus propietarios, y que un procedimiento judicial puede dar lugar a varias certificaciones por ejecución de hipoteca.