Los empresarios acusan de "maltrato" al Gobierno: “Nos ven como un tigre a abatir"

"El Gobierno ha redoblado sus ataques contra los empresarios. Es algo increíble que ataquen a los que crean empleo y riqueza. Nos están maltratando continuamente, utilizando un absoluto sesgo político para tomar sus decisiones, que están provocando una gran pérdida de competitividad y de crecimiento económico. Como decía Winston Churchill, nos tratan como un tigre a abatir". Con esta enorme dureza, el presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, ha cargado contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, durante la presentación de su tradicional "Encuesta empresarial Círculo 2023", en colaboración con la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE). En su exposición, ha acusado a los miembros del Gobierno de "atacar sin fundamento" la actividad empresarial -"incluso se han atrevido a llamar capitalista despiadado a un empresario como el fundador de Mercadona", ha incidido-, además de señalar que los dos socios de Gobierno "utilizan mucho el marketing para vender sus reformas como un gran triunfo, cuando la realidad es muy distinta y las empresas están afrontando graves problemas, porque muchas de las medidas que se han aprobado no han servido para mejorar la situación de las empresas o los ciudadanos, más bien al contrario", incidió.

También ha expresado su desacuerdo con las dos grandes reformas aprobadas durante la última legislatura: la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones. La primera "fue insuficiente", se ha quedado "a medias" y ha dejado "sin resolver los verdaderos problemas del mercado laboral. Se está viendo con los últimos datos". El presidente del Círculo la ha calificado como una "pequeña contrarreforma" porque "básicamente ha cambiado el nombre de los contratos temporales por el de fijos discontinuos, pero son lo mismo". Y aunque las cifras de desempleo han mejorado, ha alertado sobre que, "en realidad, no se está creando empleo porque estamos todavía por debajo de los datos previos a la pandemia. Si tenemos 500.000 empleos más en el sector público, eso significa que tenemos más de 500.000 empleos menos en el sector privado, por lo que no pueden vender como un triunfo la reforma laboral, máxime cuando las horas trabajadas están muy por debajo".

En cuanto a las pensiones, ha insistido en que hay que "retrasar la edad de jubilación e incentivar la vida activa más allá de esta para no reducir la cuantía de las pensiones", y ha vuelto a reiterar como una solución de la sostenibilidad del sistema el desarrollo de los planes de pensiones privados, no sólo los públicos con alternativa única, y la "mochila austriaca". Todo ello, ha provocado un "sentimiento negativo" de la economía española, que viene del "retraso" en relación a otros países europeos y de la "frustración" porque "la convergencia podría ir más deprisa y no lo hace", que unido al desprestigio que el Gobierno fomenta contra el empresario, provoca que "la valoración de los empresarios sobre el futuro y el presente de la economía española no sea positiva", abundó el presidente del grupo de trabajo que ha elaborado el informe, Miguel Iraburu.

Pérez-Sala también quiso ser "muy claro" sobre el momento político que vive el país. Por ello, ha advertido de que "para formar Gobierno no todo vale, no se pueden buscar acuerdos en los extremos que dinamiten la cohesión y la igualdad entre los españoles. Hay que buscar la centralidad política para crear un ambiente empresarial propicio". Especialmente duro se ha mostrado con la amnistía, que calificó como una medida "extrema" promovida por un simple "interés particular" que generará un impacto "negativo" en las empresas, ya que "aumentará la sensación de inseguridad jurídica. No todo vale". Asimismo, fue muy crítico con los "eufemismos" con los que el Gobierno trata un "asunto tan serio". "No se puede sacar adelante una amnistía con los imprescindibles votos de los propios delincuentes que se verán favorecidos por ella, y en beneficio de los partidos que la promueven. Es algo que va contra los fundamentos del Estado de Derecho".

Precisamente, sobre la amnistía ha incidido en que "debería aprobarse si es apoyada por la inmensa mayoría de la Cámara y debería implicar un acto de reconciliación, en el que las personas a las que se dirige deben comprometerse a no volver a ir contra la ley, contraviniendo la seguridad jurídica porque discrimina al resto de los españoles, que no tendrían el mismo trato ante la Ley y estarían siendo discriminados". Pérez-Sala ha remarcado que, "independientemente del nombre que le quieran poner", en las circunstancias actuales la amnistía iría "claramente en contra de la Constitución y del principio de igualdad ante la Ley".

Esta situación de incertidumbre política y de tensa relación entre el Gobierno y los empresarios se refleja directamente en los resultados de la encuesta. En ella se constata que el 78% de los empresarios considera que el intervencionismo del Gobierno en la actividad empresarial es "muy negativo para la competitividad del país"; que los "principales obstáculos" a la competitividad empresarial son la falta calidad institucional (76,7%) y la mala imagen que tiene el Gobierno de los empresarios (79,6%), que ha creado un ambiente "perjudicial" para muchas empresas, ya que es "muy grave que un Gobierno critique con nombres y apellidos a empresarios que están creando riqueza en el país y que más bien son un modelo a respetar e imitar".

Las empresas valoran negativamente principalmente el desequilibrio de las cuentas públicas (84,3%); el incremento de los tipos de interés (81%); la no deflactación de los tipos impositivos (72,5%); el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y de las cotizaciones (59,6%) o la reforma laboral (53,8%). Precisamente, la fiscalidad vuelve a centrar buena parte de las quejas: el 73% de los encuestados ve perjudicial la elevada carga impositiva para la competitividad de su empresa y sector; el 72% señala hacen falta incentivos fiscales a la inversión y el 60% reclama una reducción de las cotizaciones sociales a cargo de la empresa. Además, el 90% de los encuestados considera que la gestión del gasto público en España "no es eficiente y para asegurar unas administraciones públicas eficientes"; un 71% entiende que es necesario evaluar la eficiencia del gasto y un 60% cree que hay que implementar una reforma estructural de las administraciones. Pérez-Sala ha remarcado que los empresarios están "profundamente preocupados" por las cargas fiscales y son poco optimistas sobre la eficacia del gasto público. "Las administraciones públicas son profundamente ineficientes".

Especialmente contundentes se han mostrado los empresarios con la ineficacia de la gestión de los fondos europeos. "Una cosa es lo que vende el Gobierno, que ha sido un éxito el que se hayan asignado ya el 60% de los fondos europeos, y otra cosa es la realidad, que sólo ha llegado a la economía real y a las empresas apenas un 20%. El Gobierno se piensa que con asignar ya está todo hecho, y queda lo más complicado, que es conseguir que los fondos lleguen a dónde deben y sirvan para lo que se aprobaron". Por ello, el 75% de los empresarios cree que la gestión de los fondos ha sido mala y el 56% ni lo ha solicitado, la mayoría por las dificultades burocráticas que conlleva y el desconocimiento.