La enseñanza privada carga contra Díaz por el "becariazo" porque pone en riesgo la oferta formativa

La enseñanza privada también se rebela contra el "becariazo" pactado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, en la misma línea que ya se han manifestado la comunidad universitaria y los empresarios. Las patronales Acade, Educación y Gestión y CECE, han mostrado su rechazo frontal al futuro Estatuto del Becario porque "no afronta el problema de la escasez de prácticas formativas, sino que lo "agudiza" y, además, "pone en riesgo la oferta de puestos formativos en las empresas", imprescindibles para que más de 1,1 millones de estudiantes universitarios y de Formación Profesional (FP) puedan titularse.

Estas asociaciones recuerdan que este estatuto choca directamente con la progresiva implantación de la Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, por la que todos los estudiantes tendrán que tener una estancia formativa en las empresas de un mínimo de 500 horas, lo que supone "la necesidad de contar con una oferta suficiente de puestos formativos en las empresas para poder garantizar la titulación de todo el alumnado". Por ello, inciden en que se debe garantizar la titulación de todo el alumnado, algo que ahora mismo, el sistema educativo no garantiza, al no contar "con un número suficiente de prácticas externas y de calidad" para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la FP, "especialmente en determinadas titulaciones". Además, advierten de que el pacto de Díaz con CC OO y UGT "no afronta el problema" de la escasez de prácticas y, además supondría un "freno al nuevo modelo de formación dual".

Se muestran especialmente críticos con el régimen sancionador sobre las empresas por incumplir la nueva reglamentación o los derechos de los alumnos, con multas de hasta 225.000 euros, porque "eso va a impedir que la mayoría de ellas no se quiera arriesgar a contar con un trabajador en prácticas por miedo a ser sancionadas", explicaron fuentes patronales. También creen que la obligatoriedad de abonar una compensación de los gastos que tengan los estudiantes y limitar las prácticas extracurriculares a 480 horas "son dos obstáculos que restringirán aún más la plazas formativas, que desaparecerán prácticamente entre las pymes más pequeñas", incidieron las mismas fuentes. Asimismo, pusieron en tela de juicio que ni el Ministerio ni los sindicatos hayan tenido en cuenta "la realidad del sistema de formación profesional, al haber sido negociada sin contar con la comunidad educativa" y sin la participación ni del Ministerio de Educación ni el de Universidades. "Es una norma que supondrá un freno al nuevo modelo de FP dual, apoyado de forma mayoritaria por todos los actores implicados" y pone en cuestión la colaboración público- privada, "que es uno de los ejes sobre los que se asienta dicho modelo". Por todas esta razones, solicitan que "no se legisle in extremis, en periodo preelectoral, sin haber escuchado a toda la comunidad educativa, sin resolver los problemas reales y creando otros que van a suponer la práctica imposibilidad de que el alumnado de formación profesional acceda a las estancias formativas en las empresas, imprescindibles para su titulación".

Las patronales de la educación se unen así las voces que ya se habían levantado desde la semana pasada cuando se anunció el preacuerdo sobre la nueva ley, que Díaz ha confirmado que se firmará el próximo jueves una vez que se hayan limado los flecos que quedaban pendientes. La primera en rechazar el acuerdo fue la CEOE, "por el fondo y la forma", tras considerar que "no se puede aprobar una norma tan importante en un periodo de disolución de las Cámaras porque no concurre ni la urgencia ni la extraordinaria necesidad que son preceptivas en estos casos". En cuanto al fondo, cree que "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo". A continuación estalló la comunidad universitaria. La Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), la de Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue) -y en menor medida los ministerios de Educación y de Universidades-, acusaron a Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, obviando "nuestra experiencia y conocimientos y sin siquiera consultarnos". RedFue –vinculada a 43 universidades españolas y más de 15.000 empresas– advierte de que, de aprobarse esta normativa, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con sus planes de estudios.