Fernández denuncia una campaña contra su grupo

El presidente de la patronal madrileña (CEIM), Arturo Fernández, negó ayer que el pago de sueldos en dinero negro sea una práctica generalizada en sus empresas en respuesta a la denuncia de «cuatro ex trabajadores» en la Cadena Ser.

«Se trata de una "persecucioncilla". En el grupo (Arturo Cantoblanco) hay 2.000 trabajadores y todos están contentos de mantener su empleo y de que no hayamos afrontado ningún ERE», explicó ayer el empresario a este diario. Fernández remarcó que en 45 años, en los que ha tenido «montones de inspecciones», su grupo de restauración no ha tenido que afrontar ninguna sanción grave. «No puedo consentir que se diga que el grupo Arturo paga de forma generalizada la nómina por B», reiteró el también vicepresidente de la CEOE, quien admitió que después de tantos años en un negocio donde las nóminas de los empleados contemplan múltiples conceptos ha podido haber alguna «irregularidad» aislada.

Por eso, anunció acciones legales contra la Cadena Ser por haber difundido el testimonio de trabajadores que denunciaron que en sus empresas se retribuyen en negro de forma habitual las horas extra, así como los complementos por cargos de responsabilidad.

Fernández, cuyo grupo tiene la concesión de los servicios de restauración del Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y la Feria de Madrid Ifema, recordó que su grupo afrontó en 2012 seis controles de la Inspección de Trabajo de la Comunidad de Madrid «que se pasaron con pequeñas incidencias» y «muy pocas sanciones». «No tengo nada que ocultar; mañana mismo pueden venir a hacer otra inspección», añadió.

El empresario, que avanzó que realizará una auditoría interna para disipar dudas, atribuyó la campaña de descrédito a los cargos que ocupa en las patronales y a su «amistad con Esperanza Aguirre». «Hay gente que me tiene más que ganas por todo esto», indicó a este diario.

Por su parte, el Gobierno aseguró que se aplicará la Ley si descubre irrgularidades. El ministro de Economía, Luis de Guindos, manifestó en Bruselas que si se descubren comportamientos contrarios a la normativa laboral o fiscal «se va a actuar aplicando la Ley».

Fernández recibió el respaldo de los empresarios, de sus empleados y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.