El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con su política de maquillaje de las cuentas de la Seguridad Social, hasta el extremo de que anuncia un superávit de 3.222 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, cuando en realidad hay un déficit de 8.507, según se deduce de los datos publicados el pasado lunes, 30 de junio, por la Intervención General de Administración del Estado (IGAE). «A finales de abril de 2025 –afirma de forma textual el informe de la IGAE, de libre acceso en la web–, el subsector Fondos de la Seguridad Social ha obtenido un superávit de 3.222 millones, equivalente al 0,19% del PIB, mientras que en 2024 tuvo un déficit de 61 millones. Esta evolución, se debe a un aumento de los ingresos del 10,7% superior en 4,4 puntos porcentuales al avance del 6,3% del gasto».

El ejercicio de contabilidad creativa que hacen el Gobierno y, por delegación, la IGAE, es notable y es muy probable que no llegue a superar, más adelante, el escrutinio de los técnicos de la Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen. La trampa es tan simple como burda, aunque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Seguridad Social, la navarra Elma Saiz, piensen que pueden convencer a casi todo el mundo. Todo se reduce a un juego contable, justificado con un real decreto aprobado el 19 de febrero y que, para muchos, pasó inadvertido.

La Seguridad Social, sobre todo por el pago de las pensiones, gasta más de lo que ingresa todos los meses desde hace años

La Seguridad Social, sobre todo por el pago de las pensiones, gasta más de lo que ingresa todos los meses desde hace años. Para cuadrar las cuentas el déficit se cubría con un préstamo que el Estado concedía a la Seguridad Social, que lo tenía que reflejar en sus cuentas como una deuda, que ya ronda los 120.000 millones de euros y que es difícil que llegue a devolverla algún día. Para evitar que ese debe se engorde, el Gobierno decidió inventar una fórmula consistente en entregar una serie de cantidades todos los meses a la Seguridad Social y considerarlas, desde el punto de vista de la contabilidad pública, como «transferencias», es decir, aportaciones de dinero sin nada a cambio que no computan en el déficit público. El real decreto del 19 de febrero estableció que esas entregas se considerarían ingresos de la Seguridad Social. Pueden denominarse como se desee, pero no son más que regalos de la Administración, a costa de los impuestos de todos los españoles.

Cuentas maquilladas

La Seguridad Social, en los cuatro primeros meses del año –son los últimos datos disponibles– tuvo unos ingresos de 81.701 millones de euros y unos gastos de 78.479 millones, lo que arroja un saldo positivo de 3.222 millones, que es del que presume el Gobierno. Nadie lo dice, pero lo que aparece nítido en los informes de la IGAE es que en los ingresos se contabilizan 11.729 millones de «transferencias» –de regalo– del Estado, ya que los ingresos corrientes, por cotizaciones, suman 69.541 millones, a los que habría que añadir 521 millones de otros conceptos. Es decir, los ingresos reales de la Seguridad Social en el periodo enero-abril fueron 69.972 millones, es decir, 11.729 millones menos que los ingresos corrientes. El resultado real es un déficit de 8.507 millones y cualquier otra interpretación, por mucho real decreto que haya por medio, es una manipulación tan burda que repele a la inteligencia.

La deuda de la Seguridad Social con el Estado ronda ya los 120.000 millones de euros y es difícil que llegue a devolverla algún día

Eso no significa que sea ilegítima, pero es tramposa, porque impide la constatación de que las cotizaciones sociales son insuficientes para cubrir las prestaciones –pensiones sobre todo– de la Seguridad Social y que no hay nada en el horizonte que permita pensar que va a ser diferente en el futuro. Todo lo contrario, la jubilación de las generaciones del «baby boom», unido a que los nuevos cotizantes lo hacen, en su gran mayoría, con salarios incluso inferiores a las pensiones, auguran un futuro muy negro –casi imposible– para un mínimo equilibrio del sistema de la Seguridad Social y su viabilidad.

Por supuesto resulta ridículo, como dice el informe de la IGAE, comparar el teórico déficit de la Seguridad Social de 61 millones de euros en el periodo enero-abril de 2024, con el ficticio superávit de 3.222 millones del mismo periodo de 2025. Todo ello sin olvidar que en esos meses de 2024 ya se contabilizaron como ingresos 8.118 millones en transferencias. Todavía más ridículo es concluir que los ingresos han aumentado un 10,7% en los cuatro primeros meses de este año, mientras que los gastos solo lo han hecho un 6,3%. Todo es contabilidad creativa elevada a su máximo exponente.

En definitiva, el déficit de la Seguridad Social existe y sigue al alza mes tras mes, agrandando el agujero de las pensiones, pero el Gobierno lo esconde una y otra vez con trampas contables y trucos legislativos.