El Gobierno propone una inversión de 13.590 millones de euros en las redes de transporte de electricidad de aquí al año 2030, una cuantía un 65% superior a la prevista en la planificación actual (2021-2026) que ayudará a impulsar la demanda.

Así lo ha detallado la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien ha presentado este viernes la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030.

El plan, que ahora sale a información pública, está orientado a cubrir las necesidades de demanda y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

"Hoy presentamos un nuevo marco para desarrollar una red eléctrica moderna que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país", ha señalado Aagesen.

La propuesta prevé multiplicar por 14 el acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, hasta 27,7 gigavatios (GW).

En la red de distribución -cuyos nudos de acceso están colapsados en un 84%, según informaron las eléctricas- se pretende dar cabida a 5,3 GW.

En conjunto, la propuesta plantea 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución), repartidos de la siguiente forma: 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria -que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra- y 13,1 GW para producción de hidrógeno verde.

En generación, se han registrado solicitudes por 150 GW de fotovoltaica, 60 GW de eólica y más de 100 GW de almacenamiento.

Estos refuerzos pretenden la integración de las renovables y el almacenamiento previsto –incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible–, limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.

El Ministerio ha iniciado también la audiencia pública de un real decreto que regulará los planes de inversión en redes de transporte y distribución, incrementando los límites de inversión y fijando mecanismos de control para garantizar su cumplimiento.

Según cálculos del Ejecutivo, cada millón de euros invertido en redes genera un impacto de 1,27 millones en valor añadido bruto y un multiplicador de 20 en creación de empleo.