El Consejo de Ministros volvió ayer a aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas para el periodo 2024-2026, así como el techo de gasto de cara a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024, después de que el PP, con mayoría absoluta en el Senado, vetara la semana pasada los objetivos planteados por el Gobierno, por lo que la senda tenía que volver a ser convalidada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.

De no aprobarse los objetivos una segunda vez, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos, según un informe de la Abogacía del Estado. El PP cargó con dureza contra este informe que tachó de «inexistente», y que asegura a Hacienda la tramitación de las cuentas públicas.

Fuentes ministeriales insistieron en que dicho informe existe y que se hará público en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos. La intención del Gobierno es aprobar la ley de los PGE para 2024 en el primer semestre del año, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas. Para ello, ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero, que se eleva a 199.120 millones de euros, un 0,5% más, incluyendo los fondos europeos, y un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las Administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. En el caso de las autonomías se estableció un objetivo del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) del 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en 0,1% para 2025 y en el 0% para 2025.

También se ha vuelto a aprobar hoy el plan de reequilibrio para corregir desviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias excepcionales que llevaron a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por el impacto de la pandemia. Este plan recoge esa senda de reducción de déficit que supone rebajarlo hasta el 3% del PIB el próximo año y también tiene que ser votado por las Cortes Generales.

Asimismo, el Gobierno espera seguir con la senda descendente de la deuda pública y prevé que baje del 106,3% en 2024, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Por subsectores, la deuda de la Administración Central y Seguridad Social será del 83,2% del PIB en 2024, para caer al 83% en 2025 y llegar al 82,8% en 2026. En el caso de las comunidades autónomas, se estima que la deuda será del 21,7% en 2024, del 21% en 2025 y del 20,3% en 2026, mientras que la de las entidades locales será del 1,4% en 2024 y del 1,3% en 2025 y en 2026.

La intención del Gobierno es aprobar la ley de Presupuestos en el primer semestre del año, en un momento marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas. Si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados por segunda vez en la Cámara Alta y entrasen en vigor los fijados en abril, las comunidades tendrían que cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían un objetivo de superávit del 0,2%, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.