El Gobierno escamotea a las comunidades autónomas 17.000 millones de euros de los fondos europeos

Sólo 3.000 millones. Esa es la cantidad que finalmente llegará de la adenda del Plan de Recuperación a través del Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones. Por tanto, el Gobierno dejará de ejecutar 17.000 millones, que serán «prácticamente imposible de distribuir al no tener tiempo material para poder presentar los proyectos correspondientes. Es decir, que sólo se va a facilitar el acceso a la financiación por parte de las comunidades del 15% de dicho fondo y, además, en la modalidad de préstamos reembolsables gestionados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). «No son ayudas a fondo perdido como nos contaron, son préstamos que hay que devolver y que, además, computan en el déficit, por lo que pocas comunidades se van a atrever a presentar proyectos con el objetivo de déficit que tenemos que cumplir».

Así se manifestó ayer la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que explicó que se muestra «muy preocupada» porque el dinero destinado a proyectos de colaboración público-privada tiene como «condición ineludible» que el 90% de lo que corresponde al sector público debe estar finalizado en agosto de 2026, lo que «impide que podamos presentar algún proyecto nuevo y tengamos que centrarnos en los que ya estén ya iniciados porque si no, sería muy difícil poder cumplir los plazos. De ser así, las opciones de poder acceder a esta financiación van a ser reducidas», lamentó la consejera, que culpó directamente al Gobierno de esta situación, que ha provocado «retrasos, falta de información y de respuestas. Lo triste es que hemos ido conociendo los detalles gracias a los medios de comunicación, no por parte del Gobierno, que lleva un año de retraso en la tramitación de estos fondos y en reunirse con las comunidades».

Albert cargó también contra la falta de diligencia de los ministerios de Hacienda y de Economía, que un año después de haberse aprobado la adenda, «y a pesar de haber solicitado en varias ocasiones por carta información al respecto y peticiones de reunión para saber asuntos tan importantes como condiciones de los préstamos o las características de los proyectos financiables, no hemos tenido ninguna respuesta».

La consejera confirmó que la única fecha de la que disponen, «y no es fija», es que han sido convocados a finales de junio. «Pero vamos tarde porque, como ha señalado el propio FMI, los plazos nos están comiendo de tal forma que advierte de que en España el 57% de estos fondos no se va a poder ejecutar», una cifra enorme respecto a los que no va a poder tramitar Italia, Francia o Alemania.

La consejera madrileña censuró también la falta de colaboración del Ejecutivo por su «ausencia de cogobernanza» en el diseño de la adenda, tras haber ignorado las peticiones de las regiones. También criticó con dureza el «desastre» de las herramientas informáticas estatales para el seguimiento de los fondos, como Cofee, «que ni siquiera ha funcionado después de dos años», o la última Elisa, que «únicamente es capaz de recabar datos no oficiales, cuando la Airef sí los tiene porque se ha encargado de pedírnoslos. Asusta esta ineficacia y nos preocupa mucho».

Ayer mismo, el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, alertaba de que casi un 80% de las empresas españolas no ha realizado ninguna solicitud de fondos europeos y tampoco se plantea hacerlo por las exigencias para acceder a este dinero, lo que ha provocado que la inversión empresarial continúa por debajo de niveles prepandemia. «Es una cifra preocupante», dijo.

La Comunidad de Madrid ya ha movilizado 2.417 millones hasta 2023, lo que supone un 91% de lo asignado, con sólo un 28% de iniciativa pública. Casi 1.500 millones «ya están en manos de a empresas, entidades o particulares, el el 57% del total de lo recibido», aseveró Albert.