El Estatuto de los trabajadores lo confirma: esta es la suma adicional que deben pagarte si te expones a riesgos laborales

Muchos trabajadores desconocen que el Estatuto de los Trabajadores guarda en sus artículos una serie de derechos que rara vez se explican con claridad. Entre los jóvenes que acaban de incorporarse al mercado laboral es común pensar que este documento solo regula horarios, vacaciones o despidos, pero lo cierto es que va mucho más allá. Dentro de su lenguaje jurídico, el Estatuto contiene protecciones económicas y sociales que buscan equilibrar la relación entre empresa y empleado, asegurando que las condiciones laborales sean justas y seguras. Este desconocimiento generalizado deja fuera de juego a miles de trabajadores que podrían estar percibiendo mejoras sustanciales en su empleo.

En esa misma línea, el texto legal reconoce situaciones que, aunque no se ven a simple vista, pueden marcar una diferencia notable en la vida profesional de una persona. Aumentos por nocturnidad, compensaciones por trabajo en festivos, reducciones de jornada por motivos personales o derechos ligados a la conciliación familiar son solo algunos ejemplos. Sin embargo, son muchos los empleados que no los reclaman simplemente por desconocimiento o por la falta de información accesible sobre cómo hacerlo. Esto convierte a la educación laboral en una herramienta esencial para que los trabajadores conozcan y exijan las condiciones que les corresponden.

El desconocimiento también se refleja en otro ámbito menos visible pero de enorme importancia: el de la salud y la seguridad en el trabajo. El Estatuto contempla que nadie debe asumir un riesgo físico o mental sin que exista una retribución o una medida compensatoria adecuada. Esta protección no solo busca premiar el esfuerzo, sino también incentivar a las empresas a crear entornos laborales más seguros y sostenibles. Entender estos derechos es fundamental para equilibrar la balanza entre las necesidades empresariales y el bienestar de quienes ejecutan el trabajo diario.

El artículo 25 del Estatuto confirma la compensación

Es precisamente el artículo 25 el que regula la compensación por exposición a condiciones tóxicas, penosas o peligrosas. Según esta disposición, cuando un trabajador realiza sus funciones en entornos que implican riesgo para su integridad o su salud, la empresa está obligada a ofrecer una compensación económica o, en su defecto, una reducción de jornada. Estos beneficios pueden reducirse o incluso suprimirse si las condiciones de riesgo desaparecen, pero nunca de forma arbitraria: debe demostrarse que la exposición ha cesado realmente. De esta manera, la norma busca equilibrar el derecho del trabajador a ser protegido con la obligación de la empresa de garantizar entornos laborales cada vez más seguros.

En cuanto a las cuantías, los convenios colectivos son los que establecen las cifras exactas, aunque el porcentaje suele oscilar entre un 20% y un 25% del salario base. En el sector del metal se contempla un plus del 20% quienes trabajan en ambientes con un único factor de riesgo y del 25% cuando confluyen dos o más. En otras industrias, como la construcción o la minería, pueden existir complementos adicionales o incluso reducciones de edad para la jubilación. Estos porcentajes representan no solo un reconocimiento económico, sino también una forma de valorar el esfuerzo y el peligro que asumen quienes desempeñan labores esenciales en entornos hostiles.

¿Cómo reclamar si no aplican la retribución?

Si pese a cumplir las condiciones descritas la empresa no aplica estos beneficios, el trabajador dispone de varias vías para reclamar. La primera es acudir a los representantes sindicales o al comité de empresa, que pueden mediar para exigir la aplicación del artículo 25. Si no se alcanza una solución, el siguiente paso es presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que evaluará las condiciones y podrá imponer sanciones a la empresa. En muchos casos, una simple intervención de este organismo basta para que las compañías regularicen los pagos o las condiciones incumplidas sin necesidad de llegar a los tribunales.

En última instancia, el empleado puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Socialaportando pruebas como informes de riesgos laborales, testimonios o documentación médica. El objetivo de esta vía judicial no es únicamente obtener una compensación económica, sino también garantizar el cumplimiento de un derecho que protege la salud y la dignidad de quienes cada día se enfrentan a entornos laborales adversos. Conocer el contenido del Estatuto de los Trabajadores no es solo una cuestión legal, sino una herramienta para ejercer con plenitud los derechos que la ley ya reconoce. Solo a través de la información y la acción se puede lograr que estos derechos, muchas veces ocultos entre páginas jurídicas, se conviertan en realidades tangibles para todos los trabajadores.