Acuerdo con Junts
El Gobierno prepara incentivos fiscales y laborales para devolver empresas a Cataluña
El PP y el govern catalán en manos de ERC rechazan dar cualquier tipo de ayudas económicas para este fin
El Gobierno estudia ya un plan de retorno empresarial especialmente diseñado para favorecer que las compañías que "huyeron" de las consecuencias del 'procés' vuelvan a Cataluña. En el último acuerdo firmado con Junts, el Gobierno se ha comprometido a reformar la Ley de Sociedades de Capital para dotar de legalidad esa obligación. Así, el acuerdo suscribe que se aprobará que las empresas que hayan tenido su sede social en Cataluña y mantengan su actividad económica principal en la región "estén obligadas a situar su sede social en Cataluña".
Para ello, el Ejecutivo prepara ya un "modelo específico de incentivos" para favorecer el retorno de sedes corporativas a la comunidad catalana. Aunque este plan todavía está "sin definir", fuentes gubernamentales confirmaron a LA RAZÓN que estos incentivos pueden abarcar "un amplio espectro", entre los que se pueden incluir beneficios laborales, sociales e incluso mejoras fiscales, "aunque todavía no hay nada concreto", incidieron las mismas fuentes. "Aún es muy pronto, son temas muy delicados que deben medirse muy bien, porque no se puede dar ese tipo de incentivos a la carta".
Precisamente, esos posibles incentivos fiscales son una de las exigencias puestas sobre la mesa por Junts pero, de momento, sólo ha recibido el "hay que estudiarlo" del Gobierno central y el rechazo frontal del govern catalán, en manos de ERC, que esta misma semana ya expresó su negativa a dar estos incentivos fiscales. "No lo contemplamos", aseguraron.
Hay que recordar que ofrecer estos incentivos es una propuesta que figura en el acuerdo de investidura rubricado entre Junts y el PSOE, y que la formación independentista ha vuelto a poner sobre la mesa tras su abstención en el pleno que permitió al Gobierno aprobar los decretos en juego. El partido de Carles Puigdemont considera que otorgar estos incentivos fiscales es "una medida fundamental" para lograr el retorno de las compañías "a corto plazo".
Este plan especial en estudio ha sido confirmado hoy por el propio ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha explicado que se prepara un modelo de incentivos "positivo y sin coacciones" para que las empresas que se fueron de Cataluña durante el 'procés' puedan regresar.
Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que el derecho comunitario de las empresas a su libre instalación "es muy claro" y que el Gobierno de España "no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente", también ha recordado que el acuerdo con Junts "refuerza la legalidad vigente" para que "no se produzcan ingenierías fiscales", de modo que las empresas no puedan situar su domicilio social en un sitio distinto al declarado para su actividad principal. "Se refuerza que se vigile y que se esté atento a que efectivamente cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar, pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las tributarias". En este punto es en el que se abriría el abanico de posibilidades para abrir el campo de los incentivos fiscales auspiciados por las competencias autonómicas de Cataluña.
El Partido Popular ya ha manifestado su rechazo a cualquier plan de ayudas que beneficie sólo a un territorio, "perjudicaría al resto, sostienen fuentes del PP, que recuerdan que "no sería lícito" que desde el Gobierno central se otorgue privilegios a una comunidad autónoma sobre el resto, "y menos si lo que implica es utilizar dinero público".
Lo que sí ha descartado taxativamente el Gobierno es la posibilidad de que se sancione a las empresas que no quieran volver. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha advertido a Junts que sancionar a empresas por no volver a Cataluña es "imposible". En el mismo sentido que Montero, sólo ha admitido que lo que reitera este acuerdo es que no haya "ingeniería fiscal" para que las empresas paguen impuestos donde estén domiciliadas. Alegría sí ha confirmado que el pacto se limitará a facilitar el regreso a las que quieran hacerlo
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