El Gran Apagón ha provocado que el Consejo de Ministros haya decidido retrasar una semana la aprobación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, por lo que el próximo martes habrá otra convocatoria para aprobar los asuntos que estaban previstos en la agenda del Gobierno. El Consejo de Ministros de este martes se centrará en analizar el corte total de suministro eléctrico y en las actuaciones que llevará a cabo por el Gobierno para recuperar la normalidad.

También se posponen el resto de medidas pendientes. Así, se traslada la aprobación del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, que supondrá una inversión pública de 1.300 millones de euros en 10 años a través de distintos instrumentos financieros del Estado. El Ejecutivo quiere que se construyan 15.000 viviendas industrializadas de media al año para llegar a las 20.000 anuales dentro de una década, así como reducirlos tiempos de edificación entre un 20% y un 60%.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había anunciado la semana pasada la aprobación inminente de la reducción de jornada en Consejo de Ministros y advirtió de que iba a ser "la política más difícil que nos va a tocar defender"., ya que una vez que se lleve al Congreso, su situación está en el aire, ya que los apoyos a esta norma no están asegurados y el Gobierno deberá negociar los votos de todos los grupos necesarios, incluidos PP o Junts.

La reducción de jornada, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario objetivo, fiable, accesible e interoperable, un elemento clave para que se cumpla el tiempo de trabajo. El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital, para que se respete el descanso y la intimidad de los trabajadores.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Esto supone un endurecimiento de las sanciones actuales en materia de jornada por dos vías: se multará a las empresas por cada trabajador con el que se incumplan las normas y no de manera global, y en segundo, porque el importe de las multas, tipificadas como infracción grave de los empresarios, serán más cuantiosas, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros. Así, la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, iba a aprovechar esta ley para "colar" por detrás el nuevo modelo de cálculo del salario mínimo interprofesional (SMI), una propuesta de reforma que ATA ha rechazado de inmediato porque "no responde a razones sociales ni económicas, ni a normativas o mandatos europeos, sino una vez más, al igual que la propuesta de reducción de jornada, al pacto de coalición entre PSOE y Sumar. Nos mostramos rotundamente en contra". El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha denunciado que casi un millón de autónomos con trabajadores a su cargo serán los grandes perjudicados de medidas no consensuadas como esta. "Seguimos viendo mes tras mes en las estadísticas cómo se viene destruyendo empleo en términos interanuales en los autónomos y pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores y hoy la EPA lo refleja la caída de 43.700 empleadores en el último año".