El Gobierno tiene margen para abaratar un 30% el recibo de la luz

El Gobierno podría reducir de un plumazo la factura de la luz hasta en un 30%. Para ello debería de pausar su apetito recaudador, que está en máximos históricos. De hecho, el pasado año recaudó 88.000 millones más que en 2018, cuando se inició la primera legislatura de Pedro Sánchez –85.000 millones en impuestos e IRPF y otros 2.859 del impuesto temporal a banca y energéticas–.

En conjunto, la voracidad recaudatoria se ha disparado un 32% con Sánchez y con los españoles soportando un esfuerzo fiscal un 13,7% superior a la media europea, según el Índice de Competitividad Fiscal de Tax Foundation, que sitúa a España en el podio de los países europeos que más ha subido la presión fiscal en el último lustro.

Dentro de las iniciativas contenidas en el Clean Industrial Deal (Pacto para una Industria Limpia), la Comisión Europea ha instado a los socios a que bajen los impuestos energéticos y, en particular, pide que apliquen el tipo mínimo del 5% en el IVA a la electricidad, con el objetivo de reducir todo lo posible las facturas dentro de su paquete de iniciativas para conseguir una «energía asequible» en el bloque comunitario para acelerar en la electrificación y acelerar la transición hacia la independencia energética. De momento, el Gobierno lo descarta de plano.

Por el contrario, su prioridad es subir impuestos, como el del diésel, según ha asegurado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Tras unos años en los que el IVA del gas y de la electricidad estuvieron en el 5%, entre 2024 y este año el Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a situar el tipo al 21%.

Pero al margen del IVA, la factura eléctrica está preñada de costes ajenos al propio servicio.

Según datos del sector eléctrico de este 2025, la estructura de costes de la electricidad en España está inflada por impuestos y cargos que encarecen significativamente el precio final de la luz.

La factura total suma hoy 42.274 millones de euros, pero si se eliminan los cargos y los impuestos –contenidos en la ley de sostenibilidad energética 15/2012 de 27 de diciembre– la factura se reduciría a 35.736 millones de euros, lo que supone un ahorro del 15,5%.

Esta ley regula tres impuestos: el del valor de la producción de la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.

Si se aplicase una reducción adicional del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IE), que pasaría del 5,11% al 0,5%, la factura bajaría a 34.172 millones de euros, con un ahorro total del 19,2%. Este impuesto ya se rebajó al 0,5% entre el 16 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Y si a esto se sumase una rebaja del IVA del 21% al 5%, el impacto sería aún mayor, reduciendo la factura final a 29.654 millones, lo que implicaría un ahorro del 29,9% sobre el recibo que hoy pagan los consumidores y empresas españolas, unos 12.620 millones que se queda el Fisco.

Al margen de estos impuestos que disparan el precio de la electricidad en España está el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), fijado en el 7%. Su futuro está en el aire después de que PP, Junts, Vox, PNV y ERC votaran para dejarlo en suspenso, aunque el Gobierno está decidido a mantenerlo para recaudar unos 1.500 millones.

Peajes y cargos

Y por si fuera poco, en el recibo de la luz hay otros costes añadidos, como los peajes de redes (6.711 millones) y los cargos, que suman 3.527 millones. El montante de estos cargos es, desde el 1 de enero de 2025, un 39% superior a los abonados el año anterior.

Con esta subida, fijada por el Ministerio de Transición Energética, se elimina la reducción que se aplicó desde 2021 para compensar el alza de los precios de la energía por la invasión rusa de Ucrania.

Los cargos se suman a la parte regulada de la factura eléctrica, lo que ya se ha notado en el recibo de la luz de los consumidores desde enero –a los que se ha sumado la subida del IVA al 21%– y son pagos que se corresponden con el acceso a la red eléctrica y la disponibilidad de suministro.

Los peajes, que son fijados por Competencia y se han reducido de media un 4,4% en 2025, cubren los costes de las redes de distribución y transporte, así como la retribución de las empresas de distribución. Esta rebaja es superior para los clientes conectados en alta y media tensión, e inferior para los de baja tensión.

Reducir la carga fiscal a la electricidad beneficiaría a los consumidores domésticos y supondría un importante impulso a la competitividad de las empresas españolas, que actualmente afrontan un coste energético superior al de otros países europeos.

La factura más cara

Mientras, el recibo de la electricidad de un hogar medio acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor alcanzó los 72,09 euros en enero, lo que supone un encarecimiento del 24,1% con respecto al mismo periodo del año anterior cuando fue de 58,05 euros y su mayor coste desde 2022.

No obstante estas fuertes subidas no han sido un caso aislado, sino que también se han registrado incrementos notables en el segundo mes del año.

En febrero el precio de la luz aumentó un 5%, lo que hace que la factura eléctrica sea ya un 44% más cara que en el segundo mes de 2024. Así lo advirtió ayer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En apenas un año, la factura mensual de un hogar medio acogido a la tarifa regulada PVPC ha pasado de 56,81 euros a los 81,60 euros actuales.

La OCU solicita al Gobierno que la electricidad tenga la consideración de un «bien de primera necesidad» y, por consiguiente, que se aplique un IVA reducido del 10% o incluso del 5%, el mínimo sugerido por la Unión Europea.