Imputan al presidente de la patronal andaluza por una posible estafa en viviendas

Una juez de Sevilla ha citado a declarar como imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a la cúpula de la organización que ha sido denunciada por presunta estafa en la construcción de unas viviendas de VPO en Sevilla.

La juez de instrucción 3, en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, cita el 5 de marzo de 2014 a Herrero y al secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y el día 13 de marzo al vicepresidente, Juan Miguel Salas Tornero.

Juan Manuel Sanz Martín y Antonio González Lara, responsables de la empresa Dolmen, declararán el 6 de marzo, y entre los días 12 y 13 lo harán Alejandro Cotta de Torres, Antonio Ibáñez García y Francisco Ramas Varo, apoderados de empresas que intervinieron en la promoción.

Los días 3 y 4 de marzo han sido citados para ratificar su denuncia los representantes legales de varias empresas contratistas, con objeto de "completar el esclarecimiento del presunto delito de estafa", dice la providencia.

La juez ha acordado también reiterar su petición a la Consejería de Fomento de la Junta para que aporte el expediente de concesión de una ayuda de 1.749.000 euros a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la CEA, para la construcción de los pisos y el convenio de colaboración suscrito entre ambos.

La denuncia se refiere a una promoción de 583 viviendas de VPO en la barriada de Sevilla Este que ha sido objeto de dos denuncias: la procedente de una decena de constructores afectados, que ha correspondido al juzgado de instrucción 3, y otra presentada a finales de agosto ante la Fiscalía de Sevilla por parte de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB).

Fuentes judiciales han informado a Efe de que las diligencias en la Fiscalía continúan abiertas, a la espera de tomar declaración a los denunciados.

Esta segunda denuncia fue realizada por la SAREB como acreedor del préstamo de unos cincuenta millones concedido por Caja Madrid (ahora Bankia) en el 2007 para la promoción de dichas viviendas.

Por su parte, los contratistas acusan a los promotores de las viviendas de una presunta estafa de 591.000 euros por una deuda que se habría producido por trabajos que hicieron y no cobraron.