"La nueva tasa de residuos supone un grave riesgo presupuestario para los ayuntamientos en los que la tasa de basuras sea anulada tras ser impugnada en los tribunales. A lo que se les anule, que es muy probable, se les va a abrir un agujero presupuestario enorme. Este riesgo no está a la vista, porque los procedimientos tardarán entre tres y cuatro años, y en esa fecha se encontrarán con que tendrán que devolver millones de euros". Esta dura advertencia la ha hecho Juan Ignacio Gomar, miembro del Comité de Expertos de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) que ha elaborado el Libro Blanco sobre esta tasa, que recuerda que "ya advertimos de los problemas que se iban generar. La Unión Europea no obligaba imponer una tasa local como ha dicho el Gobierno, sino que solo pedía establecer instrumentos para alcanzar los objetivos medioambientales exigidos. Y el Gobierno optó por una vía que tiene un fuerte impacto tanto en los ciudadanos como en las Administraciones Locales. Esto puede provocar que los tribunales fallen en contra de la aplicación de la tasa porque no cumple el principio del pago por generación y cuando se dicte sentencia tendrían que devolver millones de euros".

Este experto niega que desde las autoridades comunitarias se haya obligado a establecer esta tasa, sino que "lo que ha hecho es establecer dos directivas, que solo dicen que se debe trasladar a los contribuyentes como cada Estado estime oportuno lo que cueste la gestión de residuos para que sean conscientes de su coste. Y deja libertad a cada Estado para alcanzar esos objetivos, pero en ningún momento se obliga a establecer una tasa. Y tampoco dice que debe ser el contribuyente el que deba absorber el 100% del coste. Por eso, las tasas aprobadas se disparan enormemente porque el coste del tratamiento de residuos es elevadísimo".

Para Gomar, el incremento de la presión fiscal en esta tasa de basuras "es extraordinario, y en la mayoría de los ayuntamientos los ciudadanos no ven que se haya mejorado el tratamiento de los residuos, porque ya se hacía antes, solo saben que ahora tienen que pagar muchísimo más". Y este incremento se ha hecho sin que el Gobierno central haya legislado la forma de hacerlo, lo que ha provocado que unos ayuntamientos tengan una cuota fija, otros lo hagan por porcentajes o por otros sistemas, con unas diferencias descomunales entre lo que pagan unos ciudadanos y otros, con lo que la inseguridad jurídica es manifiesta". Sobre todo porque este impuesto se convertirá en el segundo impuesto por ingresos de los consistorios tras el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

También les resulta chocante a los inspectores locales que no haya datos oficiales del coste del tratamiento residuos y los datos que se manejan son de fuentes privadas. "Es increíble que no haya datos oficiales. Según el Observatorio del Laboratorio de los Residuos, la recaudación por esta tasa estaría en torno de los 3.500 millones, por lo que seguiría existiendo un déficit global sobre la gestión de residuos próximo a los 2.000 millones, pese a que España es el único país de la UE que ha aplicado una tasa preceptiva y supuestamente no deficitaria".

Según señala Gomar, en los últimos 30 años y tras diversas sentencias del Tribunal Supremo, los municipios conocían cómo regular las tasas de residuos, lo que evitaba la inseguridad jurídica. Pero ahora los inspectores alertan de que, por primera vez en la historia de la tributación local, "se está ante una tasa de imposición obligatoria que debe sufragar el 100% del coste del servicio y que no puede ser deficitaria -aunque según las cifras que se manejan sí que lo es-, al aplicar el principio del pago por generación, que es consecuencia del que contamina paga". Todo ello está provocando una multitud de criterios distintos en las ordenanzas municipales para regular la tasa, que augura "van a resolverse de manera diferente en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, a la espera de conocer los criterios que finalmente validará el Supremo".

Respecto a que algunos ayuntamientos se hayan negado negado a aplicar esta tasa, Gomar apunta que "no está previsto ningún sistema de sanciones, pero si al Estado se le impone por parte de la UE algún tipo de multa por ello, el Estado podría repercutir el coste de esta sanción a los ayuntamientos infractores", aunque recuerda que "una sanción así no se ha aplicado nunca hasta ahora".