Pagos con tarjeta 2026: Hacienda vigilará las transacciones que superen la cantidad establecida

Aunque los especialistas recomiendan llevar siempre algo de efectivo, la realidad es que cada vez son menos los españoles que usan billetes y monedas. El pago con tarjeta bancaria se ha convertido en la norma, lo que además facilita el control y registro de los gastos personales. En este contexto, la Ley General Tributaria incorpora una nueva modificación que afectará a quienes realicen gastos superiores a 25.000 euros anuales.

Esta medida, alineada con la Directiva de la Unión Europea y la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, busca reforzar la lucha contra la economía sumergida, el blanqueo de capitales y el uso irregular de tarjetas para ocultar rentas. Según un informe del Centre for Economic Policy Research (CEPR), aproximadamente el 24% del PIB español se mueve en la economía informal.

Para entender este fenómeno, basta con observar algunos ejemplos comunes: empleos sin contrato o remunerados “en negro”, negocios que no declaran todos sus ingresos, profesionales que cobran parte “sin factura” o actividades ilegales como la venta de drogas, falsificaciones o contrabando.

Los datos también permiten identificar las regiones más afectadas: Andalucía, Canarias, Extremadura y Murcia, donde la economía sumergida representa en torno al 17% del PIB regional. Esta situación reduce la recaudación de impuestos, lo que termina afectando servicios esenciales como la sanidad, la educación o las pensiones. Por ello, el Gobierno ha decidido reforzar los mecanismos de control a través de esta modificación de la Ley General Tributaria.

Hacienda controlará los pagos con tarjeta a partir de 2026

La fecha clave es el 1 de enero de 2026, momento en el que Hacienda pondrá en marcha los nuevos controles para quienes gasten más de 25.000 euros al año. Esto no significa que dichos pagos estén prohibidos ni que se considere ilegal gastar esa cantidad, sino que la Agencia Tributaria podrá cruzar los datos proporcionados por los bancos con la información de la declaración de la renta, patrimonio y actividades económicas.

Cada entidad bancaria deberá enviar un informe anual con la siguiente información:

• Identificación del titular y de las personas autorizadas en la cuenta o tarjeta.
• Números de tarjeta y cuentas vinculadas.
• Volumen total de abonos y cargos realizados durante el año.
• Importe global de los pagos efectuados.

El control afectará tanto a tarjetas de crédito, débito, prepago o virtuales, e incluirá las compras realizadas en tiendas físicas y plataformas online. No obstante, la normativa aclara que no se registrará el detalle de las compras, sino únicamente los importes totales. En el caso de los autónomos y empresas, la obligación se aplica sin un límite mínimo de gasto.

Ventajas e inquietudes sobre la medida

Entre los beneficios destacan la posibilidad de reducir el fraude fiscal, mejorar la transparencia económica y reforzar la trazabilidad del dinero. Sin embargo, la norma también ha generado preocupación entre algunos sectores, que advierten sobre el riesgo de aumentar la carga administrativa de las entidades financieras y sobre las posibles implicaciones en materia de privacidad y protección de datos personales.

De esta manera, el Gobierno busca equilibrar el control fiscal con la transparencia financiera, en un contexto donde el uso del dinero en efectivo sigue perdiendo terreno frente a los pagos electrónicos.