La plataforma de delivery Uber Eats se ha quedado sola en el barco del trabajo autónomo y tiene a escasa distancia un peligro iceberg. La punta es la investigación que en julio le abrió la Inspección de Trabajo por seguir usando riders autónomos; lo que se esconde debajo es la posibilidad de que el caso acabe en multas millonarias, ante la Fiscalía y con la puerta abierta a una causa penal.

Este recorrido, aunque aún incierto, se puede extrapolar de lo ocurrido previamente con Glovo, el enemigo número uno del Ministerio de Trabajo. En el caso de la plataforma de las mochilas amarillas, la Inspección de Trabajo inició una investigación sobre su modelo laboral cuyos resultados remitió en octubre de 2023 a la Fiscalía General del Estado. “Según las actuaciones inspectoras, esta empresa podría vulnerar el Código Penal por no atender los requerimientos que se le han realizado para que reconozca como trabajadores por cuenta ajena a sus repartidores (autónomos)”, explicó el Ministerio de Trabajo.

Cabe recordar que el Gobierno modificó el Código Penal en 2022 para castigar con penas de hasta seis años de cárcel a los empleadores que “impongan condiciones ilegales bajo fórmulas ajenas a su contrato de trabajo”. De esta manera, operar con falsos autónomos pasó de ser un delito administrativo a uno penal. La Fiscalía trasladó el informe de Trabajo a la Unidad de seguridad y salud cuyos resultados fueron remitidos Fiscalía Provincial de Barcelona y esta presentó en junio de 2024 una denuncia penal contra Glovo por emplear supuestos falsos autónomos. Una causa que, no obstante, sigue abierta y sin sentencia firme. En base a este recorrido, dentro de unos meses Uber Eats podría enfrentarse al mismo escenario legal si la investigación de Trabajo concluye que sus autónomos no lo son realmente.

Mario Blanco, abogado y socio de RSM, explica en declaraciones a LA RAZÓN que “el artículo 311 del Código Penal habla de mantener una situación, una condición ilegal de los trabajadores en contra de un requerimiento o sanción administrativa”. Ahora mismo están ante un procedimiento administrativo de la Inspección y basta con mantener a los repartidores como autónomos en contra de un potencial requerimiento de la administración para incurrir en este delito penal. “En el caso de Glovo se llegó a la conclusión de que eran falsos autónomos y en el caso de Uber parece que la fórmula es muy similar, pero tiene que resolverlo la administración”, añade Blanco. Por lo tanto, “si se llegase a la conclusión de que efectivamente Uber Eats está imponiendo esas condiciones ilegales bajo un contrato autónomo y además se le hace un requerimiento para laboralizar a su personal que tiene como autónomo y no lo hace, lo lógico es que la Inspección envíe a la Fiscalía”, señala. El delito penal al que se enfrentan los empleadores que incurren en esta práctica ilegal son penas de prisión de entre seis meses a seis años y multas de seis a doce meses y se enfrentan a ellas el consejo de administración y directivos, entre ello, el de Recursos Humanos.

Desde Legálitas dibujan un horizonte similar. El caso de Uber Eats no tiene por qué tener el mismo desenlace que el de su competidor siempre y cuando la Inspección no detecte relación de laboralidad entre los repartidores autónomos y la plataforma. No obstante, el inicio de la investigación ya evidencia que existen sospechas por parte de Trabajo de que esto puede estar ocurriendo. “Todo dependerá de lo que encuentran los inspectores laborales, pero en base a los precedentes, pueden ser los siguientes en caer”, señalan. Legálitas avisa, además, que en estos casos, la cosa puede no quedarse solo en un delito contra los derechos de los trabajadores, sino que también se abre la posibilidad de que se detecte un delito de organización criminal, si la actividad fraudulenta es estructurada y sostenida en el tiempo, o de falsedad documental, en el caso, por ejemplo de que haya entre los autónomos extranjeros ilegales que trabajan mediante suplantaciones de identidad.

Uber Eats, que no siempre fue insumisa ante las exigencias de Trabajo, se enfrenta así a su primera gran inspección en años tras un largo periodo en el que las actuaciones de Trabajo tuvieron a Glovo en el punto de mira. La plataforma aterrizó en España en 2017 en Madrid y se fue extendiendo por toda España. Con el aumento de su escala, a partir de 2018 la compañía empieza a recibir inspecciones laborales, cuyo resultado no ha trascendido, a diferencia de lo que ha ocurrido con Glovo, que ha experimentado constantes filtraciones. En agosto de 2021, con la entrada en vigor de la Ley Rider -que recoge la presunción de laboralidad de los repartidores aunque no la obligación expresa de contratar-, la plataforma desconectó a todos los riders autónomos y recurrió a subcontratas para crear flotas de asalariados al 100%.

Pese a haberse mostrado satisfecha con el cumplimiento de la Ley Rider, justo un año después, y amparándose en que su competidor de las mochilas amarillas seguía trabajando con autónomos y esto le otorgaba ventaja, Uber Eats desafió al Ministerio de Trabajo y recuperó a los riders autónomos. ““Vemos con impotencia cómo el Gobierno no ha conseguido hacer cumplir la Ley Rider. Y cómo la situación de desventaja de todas las empresas que sí la cumplimos empeora cada día. Ante esta situación, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿Debemos seguir el ejemplo de Glovo y trabajar con autónomos para poder competir en igualdad de condiciones?”, advirtió la entonces directora general de Uber Eats en España, Courtney Tims, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una carta enviada en marzo de 2022, dando a entender sus intenciones de volver a trabajar con autónomos.

Unos meses después, cuando anunció la vuelta del trabajo autónomo, la firma insistió en que había modificado su modelo para ajustarse al marco regulatorio y a la vez trabajar con autónomos, ya que, según destacó, apenas un 26% de los repartidores autónomos quisieron pasar a las flotas tras la entrada en vigor de la Ley Rider. Tras la salida de Deliveroo de España, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley Rider y el cambio de modelo de Glovo, solo Uber Eats es la única gran plataforma de reparto que sigue operando con autónomos en España, ya que Just Eat siempre ha trabajado con asalariados.

Por la información disponible, Uber Eats no había tenido ninguna inspección de Trabajo desde agosto del 2021, pese a operar con autónomos desde mediados de 2022, a diferencia de Glovo, que ha estado en el foco mediático y de la Inspección, llegando a recriminarle el uso de autónomos incluso por vía penal. Ahora, con Glovo fuera la ecuación, tras anunciar en diciembre de 2024 que contrataría a los riders y ejecutar 14.000 contrataciones (con datos de julio) -directas o mediante subcontratas-, Uber Eats se ha quedado sola en el disparadero de Trabajo con el delito penal acechándole.

Desde la Inspección de Trabajo han evitado hacer cualquier actualización sobre el estado de la investigación ni sobre si dedicarán los mismos esfuerzos a escudriñar la operativa de Uber como ha ocurrido durante años con Glovo. La Inspección se remite a las palabra de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que tras darse a conocer la investigación insistió en que “la ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella”. “Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo”, subrayó la titular de Trabajo. En esta línea, el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, señaló que “si hay alguna empresa, con independencia de su tamaño o de su fuerza, que está incumpliendo la Ley Rider en este momento, sobre ella caerá el peso de la ley con toda su intensidad”.

Uber, en cambio, insiste en que “cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera”. “En España, nuestro modelo híbrido ofrece a los repartidores la libertad de elegir entre trabajar como empleados asalariados, contratados por una de nuestras flotas asociadas, o como autónomos utilizando una herramienta que garantiza plena autonomía, incluida la posibilidad de fijar sus propias tarifas o de aceptar y rechazar pedidos cuando lo deseen”, señalan desde la plataforma respecto al uso del empleo autónomo. La compañía, que insiste en defender la legalidad y robustez de su modelo para superar la investigación de Trabajo, ha asegurado que está “cooperando plenamente con la Inspección de Trabajo” y seguirá colaborando con el Gobierno para asegurar la estabilidad del sector a largo plazo”. No obstante, en el caso de que la Inspección encuentre alguna grieta de laboralidad en su modelo autónomo la compañía se enfrentaría a multas millonarias, a la Fiscalía y a un delito penal.