La Audiencia Nacional procesa a 14 directivos de Afinsa

Siete años después de la intervención judicial de Afinsa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó ayer a catorce altos cargos de la empresa filatélica por los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública.

Siete años después de la intervención judicial de Afinsa, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz procesó ayer a catorce altos cargos de la empresa filatélica por los delitos de estafa cualificada, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Afinsa dejó un agujero de 1.928 millones de euros y casi 200.000 clientes afectados. Sus directivos, dice el magistrado en el auto de procesamiento, «conocían que su negocio era ruinoso» pues carecía «de sentido económico y de apoyo legal». Y es que la solvencia de la compañía, «oculta a terceros mediante artificios contables avalados por el auditor» era, dice el magistrado, «más que evidente para los principales directivos de la compañía». Entre los procesados figuran Albertino de Figueiredo, el fundador de Afinsa y la persona «que ideó el negocio», su hijo Carlos, ex presidente del Consejo de Administración; Juan Antonio Cano, ex presidente de la sociedad; Vicente Martín Peña, ex director general de Sistemas de Inversión, y Francisco Guijarro, el principal proveedor de Afinsa (llegó a facturar a la empresa 96,6 millones de euros, de los que retiró en efectivo 69,5).

La resolución judicial hace suyas las conclusiones del voluminoso informe elaborado por los peritos Carmen Rojo y Jesús Limón que sostenía que la cúpula de Afinsa se repartió, supuestamente, más de 16 millones en dinero negro entre 1998 y 2005.

En el momento de la intervención, los contratos de inversión suscritos por Afinsa con sus clientes arrojaban un pasivo de 2.574 millones (aunque el patrimonio de la sociedad ha dejado finalmente el agujero en esos 1.928 millones reseñados).

¿Cómo se llegó a esa situación? Para el juez Pedraz, el engaño a los clientes se basaba en la comercialización de unos sellos «sin el valor que Afinsa les atribuía, en ocasiones sin valor alguno, en revalorizaciones inexistentes y en la ocultación del estado de insolvencia de la compañía». En definitiva, se trataba de un «negocio jurídico criminalizado», en «una ficción al servicio del fraude».

Ese negocio fraudulento de carácter piramidal obligaba, añade, a «reproducir ad infinitum esa misma práctica defraudatoria con nuevos clientes, cuyas aportaciones pudieran ser utilizadas para alimentar tal dinámica».

Para el juez, todos los contratos comercializados por Afinsa «eran productos de tipo financiero» dado que Afinsa sólo buscaba la captación masiva de fondos y el cliente «la obtención segura de una rentabilidad a su capital», una actividad «semejante a la que efectúan las entidades financieras» en la que la filatelia operaba como «mera fachada».