La obra pública renace

Aumenta el presupuesto para infraestructuras, a la vez que entra en vigor una nueva ley de contratos públicos más flexible y transparente.

Los nuevos Presupuestos Generales del Estado se han hecho esperar, y aunque no se hayan aprobado, han traído algunas buenas noticias. Una de las que más alegría ha despertado es el aumento del gasto en infraestructuras en un 12,7% respecto a los presupuestos anteriores, en los que la inversión en obra pública sólo fue de 7.540 millones de euros, el mínimo registrado desde 2007. La crisis económica originó un descenso del gasto público con un objetivo claro, la rebaja del déficit, que en 2009 suponía el 11% del Producto Interior Bruto. El presente ejercicio cerrará este índice con sólo un 2,2% del PIB, según las previsiones de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), y con esta mejoría se prevé que el gasto del sector público se recupere en los próximos años.

La evidencia está en el último trimestre. El Grupo Fomento, dependiente del Ministerio que dirige Íñigo de la Serna, licitó en dicho periodo obras por un valor 132,7% superior a la misma etapa del ejercicio pasado.

Ley de contratación pública

La mayoría de estas licitaciones se llevaron a cabo bajo el paraguas de la anterior ley de contratación pública, sustituida el 9 de marzo por otra que incluye directivas europeas. La nueva legislación (a falta de conocer su efecto en la práctica) pretende que los conciertos sean más transparentes, y el proceso sea más sencillo y eficiente. No existirán tantas trabas administrativas, las instituciones públicas podrán pagar directamente a las subcontratas, se abrirá la posibilidad de realizar licitaciones «rápidas» cuando el coste sea inferior a los 200.000 euros para suministros y servicios, y dos millones para infraestructuras. Además, los contratos se tendrán que dividir en lotes, «medida que debería fomentar una mayor concurrencia de las pymes en los procesos de licitación», afirma Elena Veleiro, «counsel» del departamento de Derecho Público de Pérez-Llorca, algo sustancial para el tejido empresarial, ya que hasta ahora sólo 10 grandes compañías accedían al 70% de las licitaciones.

Veleiro también añade otras modificaciones como «la configuración de la oferta adjudicataria como aquella que presente la mejor relación calidad-precio, la importancia que la Ley vuelve a dar a los aspectos cualitativos de las ofertas constituye un cambio de tendencia con la práctica anterior donde se hacían primar los aspectos económicos; la relevancia que se otorga al impacto que la contratación pública pueda tener en el ámbito medioambiental y social; la nueva definición del contrato de concesión de servicios y del contrato de servicios; la supresión de las instrucciones de contratación para los poderes adjudicadores que no ostenten la condición de Administración Pública, y la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación».

¿Qué tiene España pendiente?

España tiene una serie de obras públicas que acometer bajo este nuevo paraguas legislativo, y la prioridad de las mismas se palpa en el reparto de la inversión en infraestructuras en el proyecto de PGE de 2018. La mayor partida está destinada a los ferrocarriles, con 3.727 millones de euros de un total de 8.487 millones. El proyecto más relevante es el Corredor Mediterráneo, con líneas de tren que acumularán 1.300 kilómetros para unir a España con otros países del continente con el objetivo principal de un tráfico de mercancías fluido.

La llegada del AVE a Extremadura es una de las grandes infraestructuras que se ha de realizar. Aunque el PSOE de la región ha afirmado recientemente que no estará lista hasta 2025, lo cierto es que los PGE incluyen una inversión específica de 261 millones de euros en este proyecto que pretende resolver una reclamación histórica de la Comunidad. Galicia también está pendiente de su línea de Alta Velocidad. Según Adif, la obra estará concluida a finales de 2019, y los PGE incluyen una inversión de 461,5 millones de euros para que ésto sea posible. Otras de las infraestructuras que se ha de concluir a medio plazo en el norte de España es la llamada «Y Vasca». Conectará las tres capitales de la comunidad, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, aligerando el transporte de pasajeros. El proyecto, cuya finalización está prevista para 2023, además completará la actuación del Corredor Mediterráneo. Si este último relacionará el Levante con Europa, la «Y» vasca será el lazo comercial del norte español con el Viejo Continente.

El transporte es la prioridad, más allá del ferrocarril. Los PGE incluyen una inversión en carreteras de 2.078 millones de euros, que estarán destinados a sostener los convenios del estado con las comunidades autónomas, y al mantenimiento de las carreteras. Al gasto en el ferrocarril y las carreteras, hay que sumar el reservado para infraestructuras hidráulicas (812 millones de euros), portuarias (807 millones), aeroportuarias (730 millones) –con sustanciales mejoras en los principales aeropuertos en Madrid y Barcelona–, costeras y medioambientales (207 millones), y otro tipo de instalaciones (105 millones).

814 prioridades

Seopan ha realizado un informe en el que apunta 814 infraestructuras que España debería construir prioritariamente. La inversión total que estima es de 103.780 millones de euros, pero apostar por ella devolvería beneficios importantes: crearía casi un millón de empleos y supondría un retorno fiscal de 50.851 millones de euros. El reparto del gasto que propone el estudio es bastante similar al del Ejecutivo. Ambos destinan la mayoría del presupuesto al transporte, sea ferrocarril o carretera en caso del Estado.

Seopan calcula 272 actuaciones prioritarias en este sector, enfocadas en la accesibilidad de las ciudades, la gestión de capacidad, las redes secundarias, la movilidad urbana, las mercancías y la logística, para las que se requerirían 85.244 millones de euros. Las instalaciones hidráulicas no suponen tanto gasto, pero ocupan mucha actividad. Se consideran necesarias 510 actuaciones en este sentido, por un importe de 12.014 millones, que adaptarían las infraestructuras a la planificación hidrográfica 2017-2021 y a la recuperación total de los costes de los servicios del agua indicada en las directivas europeas. Las legislaciones continentales y el cumplimiento del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2022, son los motivos de Seopan para priorizar 32 obras relacionadas con el medio ambiente, valoradas en 6.522 millones.

Diferencias con Europa

El crecimiento de la inversión en infraestructuras patente en los Presupuestos ha inflado de alguna manera el ánimo para realizar las 814 prioridades. Sin embargo, con el déficit como principal obstáculo, España continúa a la cola de Europa en cuanto a gasto público. El de Francia sumará 236.000 millones de euros entre 2016 y 2018, sostiene la Comunidad Europea; Reino Unido, 215.000 millones; Alemania, 208.000 millones; Italia, 115.000 millones; y España, por ultimo, 74.000 millones. Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), sostiene que «los ciudadanos hemos visto cómo las partidas de gasto público ha habido que reorganizarlas y evidentemente el deficit y otros factores económicos y sociales han influido mucho en el hecho de que la inversión pública en España estuviera en niveles inferiores a Europa».

Para enfrentar el déficit y aumentar la inversión, hay una fórmula que se presenta solvente, la alianza público-privada. El Gobierno la ha tenido en cuenta para extender su inversión en infraestructuras más allá de los PGE, y el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) es muestra de ello. Las concesionarias adelantarán el coste de la obra que, posteriormente, será abonado por el Estado. Las empresas, por otra parte, se asegurarán del mantenimiento durante los 30 años siguientes. «Ha despertado gran interés de los grupos constructores, los inversores y financiadores, por lo que se prevé que la competencia sea muy elevada», comenta Ovidio Turrado, socio responsable de Infraestructuras de KPMG España. El PIC contempla el desarrollo de 2.000 nuevos kilómetros de carreteras en tres años por 5.000 millones, lo que supone la creación de 190.000 empleos y un retorno fiscal de 3.000 millones. El conjunto de la actuación, según De la Serna, se licitará en 2018 y 2019. ¿Se estabilizará el renacer de la obra pública?

La última vida de la vieja ley

La mayor curiosidad de la nueva ley de contratos públicos se vivió el día anterior a su entrada en vigor. El 8 de marzo, las instituciones licitaron 456 contratos, mientras que la media es inferior a las 40 diarias. Los más activos fueron los gobiernos autonómicos con 207 licitaciones, mientras que el Estado sumó 130 y las universidades, 59. Madrid, con 51, superó con creces al resto de regiones, ya que en cuanto a volumen de licitaciones anunciadas le siguieron Andalucía con 23 y Cataluña con 16. Respecto a los ministerios, Fomentó anunció 26 licitaciones; Empleo, 16; y Hacienda, 14. Elena Veleiro comenta que esta explosión final de licitaciones «podría deberse a que muchos órganos de contratación habrían tratado de evitar que expedientes de contratación que ya tenían avanzados en su tramitación con el fin de cubrir necesidades inmediatas o próximas en el tiempo pudieran verse retrasados por el hecho de tener que adaptar la documentación y los procedimientos a las exigencias de la nueva norma».