La UE alerta: España no hace los deberes y vive de las rentas del pasado

Bruselas cierra el expediente a España por déficit excesivo pero abre el procedimiento para sancionar a Italia.

Bruselas ya no ahoga, pero sigue apretando. Tras un decenio de férrea vigilancia por parte del Ejecutivo comunitario, España sale del brazo correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento después de haber conseguido embridar sus cuentas públicas y volver al redil de un déficit público por debajo del 3%. Con el paso dado ayer por la Comisión Europea, termina una época marcada por los diez años de doble recesión en la zona euro y en los que nuestro país era el único que permanecía en la lista negra de los países incumplidores.

Pero no hay que lanzar las campanas al vuelo, pues el Pacto de Estabilidad y Crecimiento alberga interesantes recovecos. A partir de ahora, España sigue bajo la tutela de Bruselas de una manera diferente: dentro de la fase preventiva, la Comisión tiene en cuenta el denominado esfuerzo estructural en la reducción del déficit (no vinculado a los vientos a favor o en contra del ciclo económico). Y en este capítulo, la UE constata que España no está haciendo los deberes y vive de las rentas gracias a su sólido crecimiento de los últimos años, sin poner en marcha nuevas medidas estructurales y abordar la reducción de la deuda. De hecho, recomienda al Gobierno de Pedro Sánchez aprobar ajustes estructurales por valor de 7.800 millones en 2020, bien mediante recortes del gasto o bien aumentando los ingresos.

Bruselas prevé «un riesgo de desviación significativa» respecto al objetivo de ajuste estructural y exige «utilizar cualquier beneficio adicional para reducir el ratio de deuda pública». En sus previsiones económicas de primavera, la UE constató la misma brecha y, tras haber estudiado el plan de estabilidad enviado por el Gobierno y el programa nacional de reformas, no ha cambiado sus estimaciones ante la falta de nuevos presupuestos y la incertidumbre sobre si el nuevo Ejecutivo será capaz de sacar adelante las medidas presentadas.

Por lo demás, el informe incide en algunos de los males endémicos de la economía española y repite muchas de las recomendaciones que el Ejecutivo prescribe para nuestro país, año tras año. El texto señala que «durante la crisis, el sistema de pensiones español desempeñó un papel importante al garantizar el nivel de las personas mayores y su menor riesgo de pobreza». Pero tras los piropos, llegan los aguijones, ya que para Bruselas seguir ligando las pensiones a la inflación (tal y como se ha decidido para 2018 y 2019, en contra del criterio de la Comisión Europea) y el retraso en el denominado factor de sostenibilidad, hará necesarias «medidas compensatorias» para asegurar la pervivencia de las pensiones «en el medio y largo plazo». La reforma de España en 2013 (dictada prácticamente por Bruselas) fijaba el cálculo de las pensiones según de la esperanza de vida, pero el Gobierno ha decidido posponer esta medida hasta 2023.

La baja calidad del empleo también sigue suscitando la preocupación de Bruselas. España lidera el ranking de empleos temporales, lo que, según el Ejecutivo comunitario, daña el crecimiento potencial de la economía y la cohesión social. Aunque se han tomado medias en los últimos años, los resultados siguen siendo tímidos. «Los esfuerzos para reforzar las inspecciones de trabajo y luchar contra los abusos están dando algunos frutos, y el porcentaje de contratos indefinidos está creciendo. Sin embargo, los empleadores continúan haciendo un uso extensivo de los contratos de corta duración. Las evidencias del pasado muestran que los numerosos incentivos para apoyar la creación de empleo están teniendo efectos limitados en promover la calidad».

Pero a pesar de los talones de Aquiles de la economía española, en Bruselas las alarmas llegaron ayer por el foco transalpino. La Comisión propuso abrir un procedimiento de déficit excesivo contra Italia debido a sus elefantiásicos niveles de deuda (132%). Si el Ejecutivo presidido por Giuseppe Comte no rectifica, podría acabar enfrentándose a una multa de 3.500 millones de euros.