Las comunidades piden al Gobierno un «guiño» salarial para los funcionarios

Los barones autonómicos están en plena campaña electoral y, ante la fuerte dispersión de votos que arrojan las últimas encuestas, no quieren que ningún colectivo se les «escape» ante la cita con las urnas del próximo mes de mayo. Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes cercanas al Ejecutivo, varios presidentes regionales, la mayoría del PP, han pedido al Ministerio de Hacienda que haga un «guiño» salarial a los empleados públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, que el Gobierno presentará previsiblemente a finales de este mes.

Algunas regiones como Extremadura, Castilla y León, Canarias o La Rioja ya han devuelto a sus empleados públicos la cantidad devengada de la paga extra de 2012, y comunidades como la valenciana han mostrado su disposición a realizar el mismo movimiento. Varias sentencias judiciales han dado la razón al colectivo, que considera que no se pueden aplicar recortes con carácter retroactivo. Por contra, en autonomías como la catalana existe incertidumbre sobre la retribución extraordinaria de la función pública, una partida que ha permitido a la Generalitat reducir paulatinamente su abultado déficit.

Las CC AA empleaban hasta diciembre del año pasado a más de un millón y medio de personas, según los datos del INE, un importante «caladero» de votantes que lleva casi cuatro años registrando pérdidas de poder adquisitivo ante los necesarios ajustes de gasto en la Administración. La cifra de empleados públicos en las comunidades autónomas cerró el pasado ejercicio en 1.585.500 personas, cifra que asciende hasta 2.194.300 si añadimos los 608.800 funcionarios de la Administración Local, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En términos de gasto público, la masa salarial del Estado supuso un desembolso de 116.090 millones de euros en 2013, 9.620 millones menos que el máximo de 2009 pero 877 millones por encima de las cifras registradas en 2012. En el conjunto del país, al cierre del pasado ejercicio había más de 2,9 millones de funcionarios, según cifras del INE.

Negociación

El colectivo de funcionarios teme que, ante la necesidad de cumplir las cifras de déficit pactadas con la Comisión Europea (CE) para 2015 (un 4,2% del PIB, unos 43.000 millones de euros), los salarios de los empleados públicos vuelvan a estar congelados el año que viene. Si se produjese este escenario, que parece el más probable a día de hoy, los emolumentos de este colectivo habrán acumulado cinco años consecutivos sin variación. Con la evolución de los precios en este periodo, la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante la crisis podría superar incluso el 30%.

El Ministerio de Hacienda se reunirá en próximas fechas con los representantes sindicales de los funcionarios para adoptar una decisión, marcada por las elecciones del año que viene (autonómicas, locales y generales) y por la urgencia de reducir el «agujero» presupuestario de la Administración.

Altos cargos

Además, el Gobierno también tiene previsto revisar durante la recta final del año la política retributiva de los altos cargos del Estado. Fuentes cercanas al Ejecutivo también señalaron a este diario que existen ciertas «divergencias» en lo relativo al peso del salario variable entre los directivos de las empresas públicas y que los «bonus» serán analizados por el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno es consciente de que para cumplir con el déficit pactado con Bruselas, y después de cincuenta subidas de impuestos en dos años, el ajuste debe ir por el lado del gasto. De hecho, tal y como adelantó LA RAZÓN hace dos semanas, el Ejecutivo ha asegurado a los inversores internacionales un recorte de unos 50.300 millones de euros entre 2014 y 2017 durante las presentaciones para «vender» la economía española. Una de las partidas que más se van a reducir es la correspondiente a la masa salarial del Estado y el gasto corriente, con un ahorro estimado en 30.000 millones durante esos tres años.

Para este año, Hacienda prevé ahorrar ya 7.500 millones de euros en ambas partidas, que se complementarán durante el trienio con ajustes en transferencias sociales, los subsidios (prestaciones por desempleo, especialmente) y las subvenciones, que son las otras grandes áreas en las que el Ejecutivo pretende recortar costes.

Con estos ajustes de gasto público, el Ejecutivo mitigará las pérdidas de ingresos que provocarán las bajadas del IRPF y de Sociedades en 2015 y 2016. El Ministerio de Hacienda fiará a la recuperación económica la evolución de la recaudación, que ya arroja incrementos de hasta el 10% en algunos tributos como el IVA o Hidrocarburos.