Las regiones exigen alargar la vida de las térmicas hasta 2030

Asturias, Aragón y Castilla y León reclaman una vía para sostener la economía regional.

Asturias, Aragón y Castilla y León quieren a toda costa que se prolongue la vida útil de las centrales térmicas. Los tres presidentes autonómicos, Javier Fernández (Asturias), Javier Lambán (Aragón) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León), trasladaron ayer sus exigencias al Gobierno en una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente. Las regiones solicitan que el final del carbón no sea «abrupto» y que se produzca una «transición justa» que asegure un futuro económico estable para las zonas que dependen de la extracción y uso del carbón. Este futuro pasa por que la ministra sea «cómplice» de las exigencias autonómicas y presione para que las centrales térmicas alarguen su vida más allá de 2020 –límite que establece la normativa europea– y pospongan su cierre hasta 2030 para así disponer de más tiempo para desarrollar empleos alternativos.

Tras el encuentro, de unas dos horas de duración, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, aseguró que el gabinete que dirige Ribera exigirá planes de transición justa a las compañías eléctricas que cierren centrales térmicas de carbón. No obstante, la hoja de ruta del Ministerio estará enfocada en atender a las alternativas económicas que necesitan las regiones afectadas, en lugar de «en la no modificación de algo que tenemos que modificar porque lo obliga la Unión Europea». Domínguez Abascal no confirmó que fueran a presionar a las compañías como Iberdrola y Endesa, pero aseguró que las eléctricas propietarias de las plantas tienen vocación de operar en el sistema energético español y deben «transformarse para adaptarse a la situación».

El presidente aragonés, Javier Lambán, criticó duramente el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel) por parte de Endesa, a la que acusó de no demostrar la responsabilidad social que cabría exigirle a la compañía y que es norma «en el tejido empresarial aragonés». «El sol y el viento son nuestros, no de Endesa, y tenemos empresarios aragoneses comprometidos», sentenció Lambán, quien valoró la «buena predisposición» de la ministra «a hacer lo que esté en su mano». Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, señaló que es necesario obligar a las empresas propietarias de las centrales a que tengan «visión de Estado» y que la política energética no la pueden hacer las grandes compañías. Herrera aseguró que es posible que algunos proyectos mineros, como el de Hijos de Baldomero García, puedan continuar porque son rentables y están haciendo cuentas para devolver las ayudas recibidas, como exige la Unión Europea para seguir funcionando. El dirigente pidió, además, que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga en cuenta a los trabajadores de las empresas auxiliares en las negociaciones con los sindicatos de la minería.

Uno de los problemas que presenta el cierre de las centrales térmicas de carbón es el alza en los precios de la electricidad. El presidente asturiano, Javier Fernández, mostró su preocupación ya que la industria del Principado necesita «fórmulas estables de precios» para asegurar la producción a medio y largo plazo. El cierre afectaría también a la industria logística, ya que el carbón que usan las centrales castellano-leonesas llega a través del puerto de El Musel, en Gijón.