Plan de Recuperación

Lluvia de dinero europeo antes de las elecciones: 4.000 millones para el Perte Chip y de renovables y 4.000 para vivienda social

El Gobierno aprueba la adenda al Plan de Recuperación para movilizar 94.000 millones más de fondos europeos. Las comunidades gestionarán 20.000 millones en créditos junto al BEI

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en Moncloa, a 23 de mayo de 2023, en Madrid (España)
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia CalviñoEduardo ParraEuropa Press

El Gobierno no quiere echar el freno a la llegada de los fondos europeos, ni siquiera con la cercanía de la convocatoria electoral del 23J. Por ello, el Consejo de Ministros ha aprobado la adenda del Plan de Recuperación para remitirla a la Comisión Europea y poder movilizar más de 94.000 millones de euros adicionales que le corresponden a España de los fondos europeos Next Generation. "La adenda nos va a proporcionar una red de seguridad para poder mantener el impulso de la inversión pública y privada en los próximos años", ha defendido la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ha anunciado que este trámite logrará movilizar 7.700 millones de euros extras en transferencias y 84.000 millones de euros en préstamos, a los que se unirán los casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU. Estos fondos se suman a los casi 70.000 millones correspondientes al Plan de Recuperación, de los que Ejecutivo asegura que ya ha canalizado 31.000 millones. El Ejecutivo comunitario tendrá dos meses -aunque puede prorrogar el plazo- para dar el visto bueno al texto confeccionado por el Gobierno o, por el contrario, devolverlo para la corrección de algunos aspectos.

Según explicita la adenda, se establece que los préstamos se canalizarán a través de tres instrumentos financieros. El primero es un fondo para comunidades autónomas, que cuenta con una dotación de hasta 20.000 millones de euros. Este importe se destinará a proyectos públicos promovidos por los Ejecutivos regionales, así como a otorgar financiación reembolsable al sector privado y a financiar inversiones públicas en ámbitos elegibles, tales como vivienda social y asequible y la regeneración urbana; el transporte sostenible; la competitividad industrial y de las pymes; investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); el turismo sostenible; la economía de los cuidados; y la gestión de aguas y residuos y transición energética.

El segundo instrumento para canalizar los fondos se centrará en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pondrá en marcha dos líneas de financiación y dos fondos. El de mayor importe será la línea 'verde', con la que se financiarán inversiones de sostenibilidad medioambiental y crecimiento empresarial con hasta 22.500 millones de euros, de los que unos 1.000 millones irán destinados al turismo. La otra línea recoge 4.000 millones para incrementar el parque de vivienda en alquiler social o asequible. Con respecto a los fondos, el ICO contará con otros 4.000 millones para financiar proyectos digitales innovadores de alto impacto en empresas emergentes que buscan expandirse, además de 1.500 millones para apoyar producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España.

Por último, el tercer instrumento para canalizar los fondos será un conjunto de 12 fondos destinados al tejido productivo y proyectos regionales, que movilizarán más de 14.000 millones. La mayor parte se destinará a flexibilizar y estabilizar el empleo, así como a la recualificación de trabajadores en transición -3.000 millones-; al ingreso mínimo vital (IMV) -2.530 millones-; a incentivos fiscales para fomentar la inversión verde de empresas y hogares -2.250 millones-; y a seguridad, defensa, aeronáutica, espacio y refuerzo de la ciberseguridad -2.200 millones-, la principal novedad de este instrumento. Otros 2.000 millones se destinarán a un fondo de coinversión en empresas españolas con fondos soberanos e inversores institucionales, mientras que 1.035 millones irán al refuerzo de la solvencia de las empresas. Por último, se usarán 913 millones para otorgar avales a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) y 400 millones para proyectos de impacto social y medioambiental.

En cuanto a los Perte, el de energías renovables e hidrógeno verde, el de digitalización del ciclo del agua y el del chip serán los tres proyectos estratégicos más reforzados en la adenda del plan de recuperación, con 4.000 millones de euros más en subvenciones de un total de 7.650 millones adicionales. Los Perte se llevan todas las transferencias directas adicionales de la adenda. El Gobierno pretende concentrar las inversiones y las 18 reformas previstas en el impulso de la industrialización y autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, reforzando las inversiones de los proyectos estratégicos (Perte) ya aprobados y en marcha. En concreto, los 10.300 millones de euros de transferencias adicionales se destinarán sobre todo a reforzar los 12 proyectos estratégicos que ya están en marcha. Dentro de estas transferencias, las procedentes del programa REpower, que está orientado a acelerar la transición energética, va a permitir reforzar el proyecto estratégico de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento, conocido como 'Perte ERHA' y también el de descarbonización de la industria, hasta llegar a 3.000 millones de euros. También se va a dotar el Perte de microelectrónica y semiconductores, conocido como 'Perte Chip', con unos 12.000 millones de euros.

Respecto a los préstamos procedentes de la Comisión Europea, el Ministerio insiste en que permitirán una financiación sostenible a un menor tipo de interés que la obtenida por el Tesoro Público y mayores plazos de amortización. "No nos va a aumentar la deuda pública en 84.000 millones", ha justificado la titular de Asuntos Económicos, que ha indicado que no se solicitarán los créditos "inmediatamente", sino que servirán de "red de seguridad" para poder mantener "en los próximos años y más allá de 2026" un "fuerte impulso inversor público y privado". Entre las novedades de esos préstamos, destaca el Fondo de Resiliencia Autonómica (20.000 millones de euros para la financiación de proyectos de inversión sostenible), cuya gestión se hará en colaboración con el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a tener también un papel protagonista en el a canalización de estos créditos y gestionará, junto con el conjunto del sector financiero, un elevado volumen de préstamos que se canalizarán a través de dos líneas de 22.500 millones de euros para inversiones verdes y crecimiento empresarial. En estas líneas se incluirá una dotación específica de 1.000 millones de euros para el sector turístico; la línea ICO de promoción de vivienda en alquiler, dotada con 4.000 millones de euros; el fondo 'Next Tech' con 4.000 millones de euros y el fondo de 1.500 millones de euros para impulsar las producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España. Adicionalmente, con los préstamos se cubrirán los fondos de la SEPI y de Cofides ya utilizados desde 2020 para apoyar la solvencia de las empresas más afectadas por la Covid-19 y los mecanismos que ya estaban previstos en el Plan para acompañar la reforma laboral y el Ingreso Mínimo Vital.

El objetivo de esta gestión conjunta es "aprovechar la experiencia y conocimiento de la institución europea en la financiación de inversiones de las comunidades autónomas" y "ampliar la capacidad financiera gracias a la cofinanciación de proyectos", ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos. El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo Next-Tech, cuya dotación se amplía hasta los 4.000 millones de euros, para seguir facilitando apoyo financiero a empresas emergentes ("startups") españolas en el sector tecnológico en su fase de crecimiento y promoviendo el desarrollo de la innovación y la digitalización.