Los autónomos avanzan, pero hay trabajo por hacer

A pesar de las medidas que se aprobarán en la ley de autónomos, ésta es sólo es un pequeño paso adelante para el colectivo, que mantiene las reclamaciones que no ha visto cubiertas

Los autónomos, aunque representen una quinta parte del mercado laboral, siguen siendo una minoría. Y como todas ellas, tiene sus reivindicaciones. También, igual que muchas, ha visto reconocidas algunas de sus reclamaciones con el paso del tiempo y el desarrollo paulatino de la sociedad, que tiende a equilibrar los derechos y las libertades de los colectivos. En el sentido del empleo, al otro lado de la balanza de los trabajadores por cuenta propia están los de cuenta ajena, es decir, la inmensa mayoría incluida en el régimen general de trabajadores.

Éstos disponen de mejores coberturas, pues las empresas que los contratan y la Seguridad Social comparten los gastos de esta clase de empleados, y los departamentos de recursos humanos se encargan de la burocracia. Pero los autónomos tienen que cubrirse las espaldas a sí mismos, tanto en los costes como en los procesos administrativos. La Ley de Autónomos, que comenzará a aplicarse en su totalidad en 2018, viene a cubrir ciertas reivindicaciones de los trabajadores por cuenta propia, sobre todo ofrecerles mayor seguridad, aligerar las gestiones y aliviarles económicamente. «Pone sobre la mesa modificaciones fiscales y mejoras que se hacen en paternidad y maternidad, en la contrataciones de familiares de segundo y tercer grado, o respecto a los hijos con discapacidad», asegura el secretario general de UPTA, Eduardo Abad.

Peor que los vecinos

No obstante, el editor de contenidos fiscales, laborales y de contabilidad del Centro de Estudios Financieros (CEF), José Ramón Fernández de la Cigoña, afirma que «la Ley llega tarde, ya que estamos a la cola de Europa en lo que se refiere a facilitar el trabajo de los autónomos». Con ello, compara a los trabajadores por cuenta propiade otros países con los españoles, y asegura que, por ejemplo, «en nuestro país sufren el triple de presión fiscal que en Portugal, donde solo pasan por Hacienda una única vez al año, puesto que no abonan IVA ni tienen cotizaciones sociales, y declaran el 24,5 % de lo que ingresan anualmente. En Alemania la cuota a la Seguridad Social está alrededor de los 300 euros al mes, pero si la facturación no alcanza más de 1.700 euros mensuales, no existe obligación de abonarla. Los italianos pagan una cantidad en función de sus ganancias, que suele ser de un 20 %, y en los Países Bajos abonan una prima de 100 euros mensuales a modo de seguro privado, la cuota de autónomos depende de los ingresos y la primera declaración de IRPF se realiza cinco años después del alta en Hacienda. Por su parte, los franceses tienen unas cuotas que varían en función de las ganancias, y derecho a las prestaciones sociales habituales, como la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal o la jubilación».

Bien es cierto que la Ley de Autónomos aplica medidas para mejorar estas coberturas en España, como el reconocimiento de los accidentes laborales «in itinere», es decir, los que se producen del lugar de trabajo al domicilio. No obstante, queda mucho por hacer, explica Soraya Mayo, secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), «como garantizar que se pueda continuar con el sistema actual de aplazamientos del IVA; rebajar el IVA a aquellos a los que se les subió 13 puntos porcentuales en momentos de dificultad; definir lo que se puede admitir como gastos deducibles en lo relativo a aquellos pagos en los que no existe un emisor de tarjeta físico en el momento del gasto; asimilar las condiciones de los TRADE en lo relativo al tratamiento fiscal a las indemnizaciones por extinción de contrato en los asalariados; un régimen sancionador para quien de forma sistemática, ya sean empresas privadas o entes públicos, incumplan los plazos de pago legalmente establecidos; establecer una tarifa plana hiperreducida durante un máximo de dos años para aquellos autónomos que teniendo vocación de habitualidad no superen en cómputo anual el SMI; mejorar el acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad; destopar la base máxima de cotización a partir de los 47 años o prorrogar la aplicación de los límites de facturación de los módulos para transportistas».

Modificación del RETA

Esas medidas, añade, «ya están en marcha» en la Subcomisión para el Estudio de la Reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. El pasado miércoles se presentó en el Congreso lo que Eduardo Abad llama, «el problema sustancial, la reforma del RETA que tiene mucho que ver con la justicia desde el punto de vista de la contribución, pues no pueden hacer frente a las mismas obligaciones de cotización el autónomo con un pequeño establecimiento hostelero en el interior de España y que el notario que trabaja en la Gran Vía con rendimientos económicos muy superiores».

Así, en la Subcomisión se ha propuesto, comenta Abad, «cotizar en función de los ingresos netos de cada una de las actividades. La dificultad es elevada y por eso rebajamos las pretensiones a solo dos estadios distintos. De esta manera, los que tengan ingresos inferiores a 4.000 euros se quedan como están, y quienes los superen deberán cotizar el doble de la base mínima que tienen hoy». Además, también se ha tratado qué ocurre con las personas que ingresan por debajo del salario mínimo. Abad habla de la circunstancia de estos trabajadores mediante un caso práctico: «Una persona que da clases particulares y su facturación no es mayor de 500 euros al mes, y paga más del 50% para cotizar, no tiene lógica hacerle abonar el 100% de las bases, tendrán que disfrutar de una cotización especial que de alguna forma les permita pertenecer a un sistema que adecúe su contribución a sus ingresos reales». Estas reivindicaciones quedan pendientes, pero de momento la sonrisa del autónomo es un poco más amplia.