Los horarios y tarifas de los VTC no variarán al menos hasta 2021

Desde que el real decreto-ley para organizar la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) fue aprobado por el Consejo de Ministros y entró en vigor el pasado 30 de septiembre, las autonomías están autorizadas a regular las condiciones de servicio de estos vehículos. Desde ese día, en teoría, pueden determinar condiciones como los estacionamientos, los días libres, los horarios o las tarifas. Pero que estén habilitados para regular el sector no implica que puedan hacerlo desde ya. Para ello, necesitan desarrollar un marco legal que ninguna tiene. Y eso requiere tiempo. Bastante tiempo. Según las fuentes consultadas, es muy improbable que las condiciones en que prestan sus servicios estos vehículos vayan a cambiar antes de finales de 2020, tanto por los plazos como por la aritmética parlamentaria.

Las dos comunidades más afectadas por el conflicto de los VTC son Madrid y Cataluña. Y en ambas, el panorama político es muy complejo. En la región que preside Ángel Garrido se antoja complicado que haya regulación alguna en los próximos meses. La autonomía, junto a las otras cuatro en las que gobierna el PP –La Rioja, Castilla y León, Galicia y Murcia–, se ha mostrado muy beligerante con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Estas autonomías no sólo están en contra de que sean las comunidades las que asuman la gestión de las VTC sino que, además, no les ha gustado el modo en que se gestionó la redacción del decreto-ley, sin consulta alguna a las regiones, según su versión. Garrido, por el momento, no ha dado pasos que inviten a pensar que va a poner en marcha ya el asunto. Pero en el hipotético caso de que la maquinaria legislativa arrancase ahora, algunas fuentes calculan que en Madrid, y siendo muy generosos, harían falta como mínimo de seis a ocho meses para tener perfilada una posible ley. Esos plazos meterían su tramitación directamente en plena precampaña o en la propia campaña de las elecciones autonómicas de la próxima primavera, lo que, muy probablemente, pararía su tramitación hasta pasado el verano de 2020. El calendario dilataría así la nueva ley hasta finales de 2020 o principios de 2021. Esta hipótesis es tan válida para Madrid como para otras regiones que celebran elecciones autonómicas el año próximo, como la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno regional y algunos locales han comenzado los contactos para hablar de la normativa, explican las fuentes.

En Cataluña, la situación no deja de ser paradójica. El pasado lunes, representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) celebraron una reunión para comenzar a abordar la cuestión. Lo hicieron a pesar de que el PDeCAT y ERC, principales integrantes del Gobierno regional, tienen serias dudas legales y van a enmendar el decreto-ley convalidado el pasado 25 de octubre en el Congreso en su tramitación como proyecto de ley. Y no por una cuestión menor, sino por el asunto de las posibles indemnizaciones. Una de las principales reticencias que han exhibido hasta ahora las comunidades para legislar sobre el asunto es la posibilidad de que tengan que afrontar indemnizaciones milmillonarias si prosperan en los tribunales las demandas que casi con total seguridad presentará el sector de los VTC.

En cualquier caso, según explicó Ábalos, si se deriva alguna responsabilidad patrimonial, posibilidad que niega, debería ser asumida por el Estado, que es del que emana el decreto-ley que habilita a las comunidades para legislar. Las explicaciones de Fomento, sin embargo, no convencieron a los representantes del PDeCAT y ERC, que exigen que el argumento de Ábalos quede recogido en la ley y así lo solicitarán en el periodo de enmiendas.