Luz verde del Congreso a la la ley de unidad de mercado

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de garantía de la unidad de mercado, normativa que se enviará al Senado, donde la oposición volverá a intentar que el PP acepte sus enmiendas parciales.

Tal como habían avanzado los grupos durante el debate, la norma solo ha sido respaldada por el grupo parlamentario del PP, mientras que UPyD, grupo que logró incluir unas enmiendas en el texto que elaboró la Comisión de Economía, se ha abstenido y el resto lo ha rechazado.

Joan Rangel (PSOE) ha reiterado su oposición porque el Gobierno defiende las "bondades de la desregulación y se va a una recentralización"y no ha dado la solución "adecuada"a las barreras detectadas en el mercado interior, de las que "solo"el 15 % es achacable a las comunidades, ha precisado.

Inmaculada Riera (del grupo catalán CiU) ha destacado que la unidad de mercado es la libertad de circulación de bienes y no el "intervencionismo y burocratización"que propone el Gobierno, lo que no tiene "encaje"y les hace votar en contra.

En nombre de Izquierda Plural (IU-ICV-Cha), Joan Coscubiela, ha argumentado su voto contrario en que provocará los efectos contrarios ("inseguridad jurídica, ninguneo de los consumidores y centralización regulatoria en beneficio del mercado y no del Estado") y por la falta de diálogo del PP.

Emilio Olabarría (del grupo parlamentario Vasco) ha destacado que lo "único bueno"de esta ley es que es "importante", ya que no tiene "ni pies, ni cabeza, ni tronco"y es "incomprensible"porque sólo pretende la "recentralización"y es "incongruente"con la UE.

Álvaro Anchuelo (del grupo UPyD) sí ha considerado de "importancia"el proyecto, por lo que se han abstenido, aunque ha precisado que el enfoque que se le ha dado es un "error"porque crea incentivos para la deslocalización de empresas y va a "forzar la desregulación"cuando hay temas como la salud, la seguridad, el medioambiente y los derechos de los trabajadores que la necesitan.

Desde el Grupo Mixto Ana Oramas, de Coalición Canarias, ha alertado de que la norma supondrá una "distorsión y un caos jurídico", así como un "disparate jurídico y político de dimensiones colosales", que además choca con el estatus de región ultraperiférica que tiene Canarias.

Olaia Fernández (BNG) también la ha rechazado por su carácter "centralizador"y por ser claramente "lesiva e invasiva"para el marco competencial autonómico.

Teresa Jordá (ERC) ha afirmado que se da el "pistoletazo de salida a la desregulación de derechos por parte de las comunidades"y que convierte a éstas en meras delegaciones del Estado.

Rafael Larreina (Amaiur) ha opinado que en el Congreso la norma se ha empeorado, porque hace una "mala interpretación"del mercado único de la Unión Europea y crea más "barreras", al tiempo que "anula"la capacidad de decisión de las autonomías y va en contra de los consumidores.

Vicente Martínez-Pujalte (PP) les ha contestado que el Gobierno lo que quiere es dar una solución y el tiempo dará y quitará la razón, ya que se ha hecho con "respeto a todo el mundo".