Más de la mitad de los hogares vulnerables con opción al ingreso mínimo no lo recibe y solo un 5% cobra una renta mínima

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha renovado sus quejas sobre la implementación del ingreso mínimo vital (IMV) tras advertir que se mantienen la mayoría de los problemas que han caracterizado a esta prestación desde que fue aprobada, aunque reconocen que su implantación ha supuesto "una mejora en la asistencia". Pese a ello, apuntan que "sigue habiendo una gran capacidad de mejora para que llegue a bolsas de vulnerabilidad que ahora se quedan fuera", señaló la presidenta del organismo, Cristina Herrero, que insistió en que, "después de tres años, todavía no se han resuelto estas imperfecciones".

Según la opinión de la Airef, la tercera que hace desde su aprobación, debe mejorar "la capacidad de información de los datos de solicitantes, acelerar los mecanismos de inclusión, actualizar la exigencia de información financiera sobre los ingresos del año en curso -no sobre el ejercicio anterior, como ahora-, focalizar las acciones en los no solicitantes, conocer si hay solapamiento y complementariedad con otras rentas mínimas y, finalmente, reducir el elevado "non take-up" (tasa de referencia de los posibles beneficiarios que pueden pedir el IMV y no lo hacen) para llegar a más hogares vulnerables que ahora se quedan fuera".

Ese "non take-up" se eleva hasta el 56% de los posibles solicitantes, "una cifra demasiado elevada y que debe reducirse para que esta prestación logre los objetivos para los que fue diseñada", señaló el director de la División de Evaluación de la AIReF, José María Casado, que insistió en que el IMV ha llegado solo a 342.856 hogares, únicamente el 36% de los 951.702 que lo podrían haber solicitado -el 17% de ellos en pobreza severa-. Por eso, estima que "resulta cada vez más crucial profundizar en la reducción de estas tasas para alcanzar los efectos potenciales para los que fue aprobada esta prestación".

Con estos datos, la AIReF propone que esta prestación –junto a otras como los subsidios por desempleo o el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI)– se gestionen «de manera más automática y que se actúe de oficio". En su opinión, el Real Decreto ley 2/2024 avanza en la dirección de esta propuesta. Con él, se articula una pasarela automática cuando se agota el subsidio de desempleo hacia el IMV. Asimismo, reclama que se articule una reforma que permita la "verificación de los requisitos económicos para el acceso y revisiones de la prestación utilizando datos más vinculados al presente" -por ejemplo, a través de las cotizaciones sociales- y, con ello, "disminuir la frecuencia e importes de las revisiones y reembolsos y captar mejor situaciones de pobreza sobrevenida".

La Autoridad Fiscal también ha identificado que el 53% de los hogares "non take-up" perciben prestación por desempleo, en tanto que para el 38% su renta apenas se incrementaría un 30% de pasar a percibir el IMV. Ante esta situación, plantea poner en marcha un "esquema de concesión de prestaciones de oficio" que alcance al conjunto de las no contributivas a las que tiene derecho el beneficiario, así como una "pasarela automática desde el fin del subsidio por desempleo al IMV".

Otro de los problemas detectados por la AIReF está en la calificación de las revisiones de renta, que afecta al 65% de los hogares, así como el impacto del incentivo al empleo, que afectó sólo al 30% de los beneficiarios. También ha detectado una situación de pobreza sobrevenida, "que es otro de los obstáculos a los que se enfrenta el IMV, ya que a esos hogares se les tienen en cuenta sus condiciones económicas del año anterior", por lo que la AIReF sigue recomendando que "se valoren los ingresos del año en curso a efectos de concesión y de fijación de la cuantía del Ingreso", apuntó Herrero.