Las multas de Hacienda suponen una gran preocupación para cualquier ciudadano. Si el organismo publico ha decidido multar a un infractor, esto supone que el ciudadano tiene una deuda, lo que puede implicar graves problemas en el futuro.

Se trata de sanciones impuestas por la Agencia Tributaria a contribuyentes que incumplen sus obligaciones fiscales, ya sea por errores, omisiones o conductas fraudulentas en sus declaraciones o pagos de impuestos. Por ello, estar en deuda implica obligaciones tributarias pendientes.

En este sentido, cuando un contribuyente no cumple con sus obligaciones fiscales en los plazos establecidos, la deuda puede ampliarse a través de recargos, subida de intereses e incluso embargos si no es pagada a tiempo. Por ello, es fundamental estar al día con el organismo público, con el fin de evitar consecuencias legales y económicas más graves.

No obstante, las multas impuestas por Hacienda tienen fecha de caducidad, es decir, prescriben en un plazo de tiempo establecido.

¿Cuándo prescriben las multas de Hacienda?

Tal y como viene recogido en el artículo 66 de la Ley General Tributaria, las deudas con Hacienda como norma general prescriben a los cuatro años. Hacienda dispone de este plazo para comprobar la autoliquidación de un impuesto presentado por la empresa. Este plazo también aplica para que la empresa pueda rectificar dicha autoliquidación. Según el artículo, los derechos que prescriben son los siguientes:

• El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
• El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
• El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
• El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

La deuda no se elimina

Cuando la deuda prescriba, no se elimina, ya que aunque no pueden exigirte el pago, sigue existiendo. Para las deudas activas hay un proceso legal con unos determinados requisitos que permite a las personas físicas cancelar parcial o totalmente sus deudas. Esto es lo que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad.

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal en España que permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, liberarse de parte o la totalidad de sus deudas cuando no pueden hacerles frente, siempre que actúen de buena fe. Su objetivo es ofrecer una salida a quienes han caído en una situación de sobreendeudamiento, permitiéndoles empezar de nuevo sin arrastrar deudas de por vida.

Además, esta norma permite exonerar hasta 10.000 euros de deudas con Hacienda, e incluso otros 10.000 euros de deuda con la Seguridad Social. Si bien los jueces ya aplicaban exoneraciones a este tipo de deudas con anterioridad, desde la reforma de la Ley Concursal del año 2022, la propia normativa prevé esta posibilidad.

Requisitos para solicitar la aplicación de esta normativa

No obstante, no todo lo mundo puede acogerse a este mecanismo legal, sino que será necesario que se cumpla con una serie de requisitos:

• El deudor debe ser insolvente -que no es lo mismo que estar sobreendeudado- y demostrar que no tiene patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas.
• El deudor debe haber obrado de buena fe, es decir, que se tendrá en cuenta el historial crediticio, así como el comportamiento en general de quien solicita acogerse a este mecanismo. Por tanto, no puede haber sido condenado por delitos económicos o patrimoniales contra instituciones públicas como Hacienda o la Seguridad Social en los últimos diez años. La idea es que se beneficie a aquellas "personas que quieren cumplir con sus obligaciones pero que se encuentran en una mala situación económica", explica el blog Finanzas para todos.
• Tener deudas con al menos dos acreedores diferentes.

El mecanismo de Segunda Oportunidad comienza con la solicitud del mismo en el Juzgado de lo Mercantil correspondiente al domicilio del solicitante. En este proceso se deberá aportar toda la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos para poder acogerse a las medidas previstas en el mismo.