Nuevas reglas fiscales en la UE: una hipoteca irresponsable por los intereses electoralistas de los políticos

Cuando un país pretende integrarse en la familia europea y compartir la misma moneda debe cumplir con unas normas básicas de convivencia, las reglas fiscales y sus limitaciones dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha sido un componente clave en la gestión económica y la estabilidad financiera en la eurozona. Sin embargo, el incumplimiento continuado de estas normas, por parte de la gran mayoría de los países miembro ha desatado una serie de críticas y retos que han puesto en entredicho su eficacia, en especial, a la hora de reconducir a dichas economías hacia los objetivos del 3% de déficit y 60% de deuda sobre su PIB, que nunca han sido entendidos como límites infranqueables. De hecho, existe un sistema de multas a los países que incumplen sistemáticamente pero que no se han aplicado o no han sido suficientemente efectivas para disuadirlos, lo que socava la credibilidad del sistema.

Cuando el incumplimiento es individual, pueden buscarse soluciones específicas, pero cuando esa tendencia se propaga al resto de la manada, resulta difícil contenerla. De los 20 países que forman la zona euro, sólo 8 tienen una deuda inferior al 60%, entre los que no se encuentran las principales economías y otros 7 tienen un déficit superior al 3%, entre los que se encuentran España (-4,7%), Italia (-8,0%) y Francia (-4,8%), mientras que Irlanda y Chipre son los que presentan mayor superávit.

Como consecuencia de lo anterior, siguiendo a Groucho Marx, la Comisión Europea ha optado por ajustar sus principios modificando las reglas fiscales y los mecanismos de ajuste para adecuarlas a la realidad de los países, a pesar de que no dejan de ser un nuevo brindis al sol, en un intento por reconducir las economías al redil del euro, a sabiendas de la complejidad de este desafío debido a las disparidades entre países con realidades y necesidades muy diferentes o por la rigidez que pueden suponer en momentos de crisis.

Suavizar las obligaciones

Para ello, se introducen una serie de mecanismos que flexibilizan y suavizan las obligaciones buscando medidas estructurales a medio plazo, entendido este como un periodo entre 4 y 7 años, un concepto temporal maleable como un chicle, y con numerosas puertas de escape, donde ahora se medirá el gasto primario neto para reducir el déficit estructural sobre el que no hay consenso para su medición, a la vez que permite mantener altos niveles de deuda condicionados a la situación del país y su economía. Es decir, planes de ajuste a la carta para cada uno, como si la Comisión Europea fuese un entrenador personal, que te ajusta los objetivos según la evolución observada, de modo que ahora el sistema se debe ajustar al país en vez de ser el país quien se ajuste a las reglas del juego.

Suspenso y revisión

La situación es equivalente a la de un estudiante que, tras suspender una materia, obliga a que el profesor realice un plan de evaluación adaptado a sus capacidades y nivel de esfuerzo con plazos más largos y más tiempo para hacer el examen, mientras que sus compañeros deben seguir las normas. Y si con esas ventajas sigue suspendiendo, pide revisión de examen para que le aprueben para que no le quiten la beca. Igual ocurrirá con algunos países para no perder subvenciones europeas.

Si, tras muchos años incumpliendo, alguien piensa que se van a solucionar los problemas, es que no conoce los intereses de los políticos, que no ven a largo plazo y sólo miran por sus intereses electoralistas a corto, llevando a una política fiscal irresponsable marcada por el déficit descontrolado que hipoteca el futuro para financiar el presente, dejando a las generaciones venideras pagar la cuenta de una fiesta a la que no fueron invitadas.

Mientras los políticos europeos antepongan sus intereses personales a los de la eurozona, algunas economías seguirán incumpliendo los objetivos con diversas excusas, que son el refugio de quienes buscan evadir sus responsabilidades, a menos que exista una autoridad fiscal realmente independiente con capacidad para actuar de manera contundente y rápida contra los países infractores. Si los responsables políticos tuvieran que asumir personalmente las sanciones, la situación cambiaría drásticamente, pero lamentablemente, parece que continuaremos siendo los ciudadanos quienes financien las necesidades de estados con gastos desmesurados. La falta de disciplina amenaza con convertir a la eurozona en un barco a la deriva, donde los objetivos se debilitan, perdiendo su relevancia en ausencia de consecuencias para quienes los ignoran.