La UE acuerda las nuevas reglas fiscales: los países con una deuda superior al 90%, como España, deberán reducirla un 1% a partir de septiembre

Las capitales europeas y la Eurocámara llegaron a un acuerdo en la madrugada del sábado para reformar las normas fiscales europeas. Aunque este pacto mantiene los fundamentos el acuerdo alcanzado por los países europeos en el mes de diciembre, el Parlamento Europeo ha conseguido algunas concesiones para facilitar la inversión en sectores clave. El texto final intenta establecer un delicado equilibrio entre requisitos mínimos de disciplina fiscal, tal y como querían Alemania y los halcones del Norte, y cierto margen de maniobra para fijar la reducción de la deuda y déficit, como pedían los países del sur.

El tiempo apremiaba, ya que las normas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento han vuelto a entrar en vigor en el año 2024, después de años en el congelador para hacer frente a los estragos económicos tras la pandemia. Se espera que los primeros planes de ajuste estén listos en septiembre, lo que repercutirá en los presupuestos de 2025.

Durante este periodo, los países europeos han podido inyectar dinero público sin cortapisas para hacer frentes a los estragos económicos, pero la bula ha llegado a su fin. A pesar de los cambios, los límites sobre deuda y déficit se mantendrán imperturbables: 60% y 3% respectivamente.

Esta reforma de las normas fiscales pretendía en un principio adaptar las sendas de reducción de deuda a las circunstancias particulares de cada país tras el grifo de dinero público de los últimos años, pero Alemania batalló para que esto viniera acompañado de objetivos mensurables. Además, los países con un déficit inferior al 3% del PIB (el límite que marca el Pacto) tendrán también que reducir su déficit de manera preventiva para poder hacer frente a posibles crisis y establecer un colchón en épocas de bonanza.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado. En un mensaje en X, ha subrayado que las nuevas normas fiscales fomentarán una economía “competitiva y justa” que permitirá a los países europeos “invertir en sus puntos fuertes y al mismo tiempo consolidar sus finanzas públicas”.

Finalmente, los países que como España superen el 90% de deuda pública tienen que reducirla en un 1% al año mientras los que cuenten con una deuda entre el 60% y el 90% deberán hacerlo en un 0,5% anual. En cuanto al déficit, aquellos que superen el umbral del 3% también deberán realizar un ajuste de al menos un 0,5% anual. En cuanto a aquellos que no hayan llegado a esta cifra, el déficit estructural ( no vinculado a la coyuntura económica) deberá situarse en el 1,5% con una velocidad de ajuste primario (sin contar los tipos de interés de la deuda) del 0,4% cada año que podrá reducirse al 0,25% si el periodo de ajuste se amplía hasta los siete años.

En un principio, los países europeos deben enviar a Bruselas planes de cuatro años que pueden prorrogarse hasta siete en caso de que se comprometan a más inversiones en la doble transición verde y digital. La Eurocámara ha conseguido que los países puedan ampliar la lista de inversiones que no computarán como gasto público y que incluirán aspectos la seguridad energética o desarrollar capacidades de defensa. Además, la parte de dinero que cofinancian los Estados dentro de los programas de inversiones europeos tampoco serán contabilizados, con el objetivo de no dar de lado la política social.

Aquellos países con un déficit bajo pero una deuda alta tendrán que llegar al 1,5% del déficit mientras que aquellos con una deuda inferior al 90% podrán reducir su colchón hasta el 2%. Durante las negociaciones entre las capitales europeas, París y Roma creían que el nuevo acuerdo no protegía las inversiones en un momento de fuerte incremento de tipos de interés debido a la política del Banco Central Europeo. Para hacer frente a esta preocupación, se ha puesto en marcha un mecanismo transitorio para que los países con un déficit superior el 3% puedan reducir la cifra de ajuste teniendo en cuenta el aumento de los tipos de interés durante el periodo 2025-27 según los criterios de la Comisión Europea.