El aumento de las bases máximas tendrá un coste anual acumulado de hasta 342 millones para los trabajadores si es del 12%. A las empresas les supondrá 1.760 millones extra.

Cada semana, un globo sonda primero, un revuelo social y empresarial para continuar y una rectificación gubernamental para cerrar el círculo. Así se está gestionando desde el Ejecutivo el Presupuesto del año próximo. Primero ocurrió con el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y sus efectos sobre los autónomos. Y ahora vuelve a ocurrir con las cotizaciones sociales. El jueves, la Autoridad Independiende de Responsabilidad Fiscal (AIReF) desvelaba que el Ejecutivo le había trasladado su intención de incrementar las bases máximas de cotización en entre un 10% y un 12% para recaudar entre 1.000 y 1.100 millones de euros. La medida, no recogida en el boceto de cuentas públicas que Moncloa envió a Bruselas el pasado 15 de octubre, provocó ayer una airada crítica por parte de los empresarios, que elevan el coste que tendría hasta los 1.761 millones de euros anuales para las compañías y hasta los 342 millones para los trabajadores afectados.

Cuando un salario supera los 45.000 euros brutos anuales, tanto la empresa como el trabajador aportan a la Seguridad Social tomando esta cantidad como base de cotización límite. En el caso de la compañía en cuestión, destina un 23,6% del salario bruto a esas cotizaciones, mientras que el trabajador entrega un 4,7%. Incrementar esa base máxima hasta los 50.209 o los 51.100 euros, dependiendo si se eleva un 10% o un 12%, le supondría a cada empresa un incremento del coste anual por trabajador de 1.467 o 1.760 euros, según cálculos de la CEOE. A cada uno de los trabajadores afectados –1,06 millones, según las estimaciones de la patronal– le supondría un incremento en sus cotizaciones de entre 285 y 342 euros al año. En términos agregados, las empresas tendrían que asumir un coste extra de entre 1.467 y 1.760 millones de euros extra al año. Para el bolsillo de los trabajadores, representaría un sablazo de entre 285 y 342 millones adiciones que tendrían que pagar en cotizaciones a la Seguridad Social.

La CEOE advirtió de que si la medida sale adelante, tendrá un impacto directo en el empleo «en un momento en el que, como venimos reiterando, se están comenzando a notar los efectos de la desaceleración económica».

Como ya ocurrió en el caso de las cotizaciones de los autónomos, y tras el alboroto que han provocado las intenciones desveladas por la AIReF, el Gobierno ha vuelto a echar el freno. Ayer, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron a Ep que Moncloa todavía no ha fijado posiciones sobre esta subida que la Autoridad Fiscal Independiente da por hecha. Como añadió la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, cualquier medida previa que se vaya a tomar en este sentido será sometida a un debate previo en la mesa del diálogo social y en el Pacto de Toledo.

Junto a la subida de la bases máximas, el Gobierno ha trasladado a la AIReF su intención de elevar la base mínima de cotización del régimen general en un 22,3%, la misma cuantía en que subirá el SMI, pasando de 859 euros mensuales a 1.050 euros al mes. Según los cálculos de Trabajo remitidos a la autoridad fiscal esta medida afectaría a 1,5 millones de trabajadores e implicaría una recaudación de 600 millones de euros.

La AIReF también ha desvelado otro plan del Gobierno que chocaría con lo que en realidad está haciendo. Según la Autoridad, Moncloa le ha comunicado su intención de subir un 13% la base mínima de cotización en el Régimen de Autónomos (RETA), hasta los 1.050 euros mensuales, una medida que afectaría a 2,3 millones de autónomos y que, según el Ejecutivo, permitiría recaudar 994 millones de euros. No obstante, Trabajo celebró recientemente una reunión con las organizaciones de autónomos en la que les trasladó tres posibles escenarios para evitar que la subida en un 22,3% del salario mínimo contemplada en el proyecto de Presupuestos implicara un ascenso de la misma magnitud en la base mínima de cotización de los autónomos. En los tres los autónomos tendrían que cotizar por contingencias comunes, profesionales y cese de actividad de manera obligatoria (ahora las profesionales y el cese de actividad son voluntarias para la mayoría), además de por formación. El primer escenario supondría elevar la base mínima de cotización para 2019 un 1,25% e incrementar el tipo al 33,7%. El segundo, una subida de la base de un 6,25% con un tipo el 31,8%. El tercer escenario implicaría que la subida de la base fuera del 12,25% con el tipo en el 31,2%.