Pedro Sánchez dirige a las empresas contra Vox

Estado y sociedad civil deben estar separados. Cuando el Estado y la sociedad civil comienzan a entremezclarse, el totalitarismo -la absorción de todas las esferas privadas por parte del Estado- asoma por la puerta. Desgraciadamente, nuestra clase dirigente ansía poseer una influencia creciente en todos los ámbitos, aun cuando para ello deba eliminar la frontera que existe entre las esferas públicas y privadas. Tomemos el reciente ejemplo de Pedro Sánchez en el que ha reclamado a las empresas que se movilicen activamente contra el populismo. De entrada, una empresa -que es una organización constituida dentro de la sociedad civil- posee el pleno derecho -sus accionistas, lo poseen- de significarse políticamente por aquellas causas que consideren adecuadas: en ocasiones lo harán por considerar que así conectarán mejor con sus consumidores y, en otras, a pesar del coste económico que acarree. Ahora bien, que cada empresa posea el derecho a implicarse en el debate público como considere oportuno no equivale a que tenga la obligación de hacerlo y, mucho menos, a que deba hacerlo bajo unas coordenadas ideológicas muy concretas (en el caso español, su oposición a Vox o incluso a determinadas corrientes del PP). Una empresa ha de tener igualmente el derecho a no manifestarse políticamente o a hacerlo a favor de corrientes que el poder político constituido (en estos momentos, el Gobierno PSOE-Sumar) considere improcedentes. En caso contrario, estaríamos convirtiendo a las empresas privadas en criadas del poder político: algo que no debería suceder ni siquiera con las empresas públicas, no digamos ya con las privadas. Empero, la recomendación/orden de Pedro Sánchez al empresariado español (difícil diferenciar entre sugerencia y exigencia cuando Sánchez tiene tanto poder regulatorio y fiscal susceptible de ser empleado a modo de represalia contra quienes no cumplan con sus designios) contribuye a someter a una sociedad civil, cuya libertad y autonomía han de ser respetada, a la caprichosa voluntad de la oligarquía política dominante. En suma, si alguna empresa quiere atacar a Vox (o a Sumar o al PSOE o al PP), ha de estar en su pleno derecho a hacerlo, pero no porque se lo ordene Pedro Sánchez según sus intereses ideológicos y electorales.