Los PERTE: 30.000 millones en busca de destino

«Sin una base manufacturera vibrante, las sociedades tienden a dividirse entre ricos y pobres: quienes tienen acceso a puestos de trabajo estables y bien remunerados, y aquellos cuyos empleos son menos seguros y viven en condiciones más precarias. En última instancia, la manufactura puede ser fundamental para el vigor de la democracia de una nación». De esta forma, Dani Rodrik, profesor de Economía Política Internacional en la Universidad de Harvard, defendía en 2011 las políticas industriales como pilar para fortalecer la economía y contribuir a sociedades más justas e igualitarias. Para lograrlo, sostiene Rodrik, los Estados deben jugar un rol activo en su articulación para favorecer a los sectores que han de ser tractores del impulso a la industria. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, más conocidos por sus siglas PERTE, encajan en la visión del economista turco-estadounidense, ya que representan un esfuerzo coordinado del gobierno para reindustrializar sectores clave como el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos o los semiconductores.

Por este motivo, no resulta extraño que esta cita haya sido elegida como punto de partida del libro «Reindustrialización y PERTE en España» (Catarata, 2024), cuyos autores son Antonio García Tabuenca, María Gálvez del Castillo y José Carlos Díez. A lo largo de sus páginas, los expertos analizan este mecanismo, cuyo objetivo es impulsar grandes iniciativas empresariales que sirvan para transformar la economía. Una herramienta, sin duda, de gran valor, pero cuyas deficiencias pueden suponer una ocasión desaprovechada para modernizar la economía y cambiar de una vez por todas el modelo productivo español. Y es que, a día de hoy, cuando apenas queda algo más de un año para su conclusión (se diseñaron para el periodo 2021-2026), la ejecución es todavía muy baja, ya que se sitúa por debajo del 25%. Así, de los 42.480 millones de euros con los que está dotado el plan, el importe de las convocatorias resueltas asciende solo a 10.258 millones de euros. O, dicho de otra manera, aún quedan 30.000 millones por otorgar, el 75% del total. No obstante, tal y como explica María Gálvez, en esta cifra estarían incluidas algunas convocatorias como MOVEs, que no pertenecen a los PERTE, por lo que la ejecución estaría incluso por debajo de este porcentaje. Como noticia positiva, la experta ha constatado una aceleración en la ejecución en los últimos meses gracias a la subsanación de algunas deficiencias en las segundas convocatorias. Hace tan solo siete meses, a 15 de marzo, los fondos ejecutados ascendían a 3.214 millones, el 7,5%.

Pese a ello, a este ritmo, si no se toman medidas de mejora, parece complicado que se puedan lograr los objetivos propuestos y ejecutar la totalidad de los fondos asignados. «Los PERTE son un mecanismo positivo, pero deben mejorarse para que no se conviertan en una oportunidad perdida», sentencia Antonio García Tabuenca.

«Reindustrialización y PERTE en España» es el resultado de un año de concienzudo trabajo, que se originó en la Cátedra de Investigación Iberdrola-Universidad de Alcalá de Energías Renovables Responsables. Un estudio muy minucioso que no ha estado exento de complicaciones derivadas de la falta de transparencia y de información que existe en torno a estos proyectos. Por este motivo, los autores han realizado su propia investigación de forma detallada, abordando cada PERTE y cada empresa de forma individual mediante entrevistas a presidentes y CEOs. El resultado es una radiografía clara de las fortalezas y debilidades de esta herramienta a partir de la experiencia directa de los propios protagonistas. «La gran aportación de este libro es haber plasmado lo que las empresas nos han transmitido, permitiéndonos hacer recomendaciones basadas en la información que ellas mismas nos han proporcionado», aseguran los autores.

A pesar de la heterogeneidad de la muestra, la mayoría de los entrevistados coinciden en señalar carencias comunes en los PERTE. Así, detectan una falta de estrategia previa y de seguimiento de los fondos; una carencia de diálogo social, específicamente con los grupos de interés que podían optar a fondos a través de convocatorias; poca transparencia, con información poco accesible; plazos ajustados o diversos errores publicados en las convocatorias y resoluciones, que reflejan una escasa preparación.

Por ello, para mejorar su funcionamiento, los expertos proponen, entre otras medidas, una flexibilización de las normas y los procesos administrativos; una mayor concentración en proyectos grandes (evitando la atomización), o la introducción de beneficios de orden fiscal, en línea con la estrategia adoptada por Estados Unidos, que ha optado por deducciones tributarias y no por subvenciones (modelo europeo), que requieren de una gran burocracia y colapsan la Administración. También sugieren que los responsables de la ejecución rindan cuentas mediante informes y controles democráticos por parte de las autoridades de auditoría, para prevenir de esta manera la corrupción y el favoritismo. «Para que la industria española pueda converger en productividad y en competitividad no solo con la UE, sino también con el resto de países de la OCDE y con China, es necesaria una mayor certidumbre, seguridad y transparencia en cuanto a la filosofía estratégica de los PERTE», expone José Carlos Díez.

En el contexto actual de la política industrial europea, los especialistas advierten sobre la necesidad de una estrategia más coherente y centrada para competir con Estados Unidos y China. Y es que, a su juicio, la falta de una dirección clara ha llevado a Europa a una posición de desventaja con respecto a estas potencias. El objetivo, por tanto, debe ser mejorar el nivel de productividad, empleo y salario, lo que requiere de más recursos y de una estrategia más focalizada. En este sentido, mantienen que se debería apostar por la especialización y que cada país desarrolle un PERTE aprovechando las fortalezas de las que dispone, como serían, por ejemplo, las energías renovables en el caso de España. «Hay que ser flexibles. No habrá una buena política industrial verde si no se simplifican los procedimientos y se concentran en grandes proyectos. Hay que eliminar el café para todos, poniendo bien el foco y diseñar una buena estrategia de forma planificada», resume García Tabuenca.

Tras recoger los distintos datos empresariales, García Tabuenca, Gálvez y Díez exponen de los resultados de cada categoría de PERTE. El especializado en microelectrónica y semiconductores (chips) es el más cuantioso (12.000 millones). Sin embargo, su ejecución es insignificante, dada la escasez de empresas que se dedican a esta actividad, especialmente pymes, lo que evidencia la mala planificación.

En el caso del hidrógeno verde, pese a su potencial, esta tecnología, apuntan, es aún inmadura y requiere apoyo público para desarrollarse. En este sentido, consideran que se debería centrar en grandes proyectos tractores que favorezcan la I+D+i y los proyectos piloto en toda la cadena de valor, y no en pequeñas iniciativas esparcidas por todo el territorio nacional. «Se necesita apoyo decidido y agilidad, como está haciendo Estados Unidos, y un plan a medio plazo para hacerlo sostenible respecto a otros combustibles más contaminantes, pero económicamente más competitivos en estos momentos, como el gas o el queroseno», subrayan.

El del vehículo eléctrico y conectado es otro de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Sin embargo, advierten de que la tecnología china se encuentra, al menos, diez años por delante de Europa gracias a su capacidad financiera y a un modelo cultural público-privado muy disciplinado, lo que coloca a las empresas del Viejo Continente en una clara posición de desventaja. «Parece imprescindible una regulación europea más flexible para adaptarse a un cambio profundo en los procesos de producción y concentrar ayudas de los fondos Next Generation para poder financiar la gran inversión que necesitan las empresas», apunta.

El PERTE del sector naval es el que menos fondos tenía asignados. Pese a ello, es el que va a tener más impacto tractor sobre la innovación, la digitalización y la sostenibilidad de la cadena de valor del sector naval. Toda la industria se ha unido en la colaboración público-privada, donde destaca en inversión el proyecto liderado principalmente por Navantia y PYMAR, a los que se han unido pequeños astilleros y pymes.

En cuanto al del ciclo del agua, perciben una clara insuficiencia de fondos teniendo en cuenta el reto al que se enfrenta España en materia de recursos hídricos. A pesar de ello, esos pocos proyectos están gestionados por empresas muy competitivas internacionalmente, innovadoras y disruptivas. Esta nueva política industrial y de servicios sobre el agua, aunque aún provisoria y sin un marco teórico que la sostenga conceptualmente, goza de prestigio en ámbitos económicos y empresariales. «El sector genera mucho empleo y paga aproximadamente el doble del salario medio en la economía española; de ahí que el PERTE sea una gran oportunidad para recuperar la infrainversión en infraestructuras y en desarrollo tecnológico e innovación, que padece desde 2010», señalan.

En relación con el sector aeroespacial, las empresas entrevistadas destacan su eficacia en el diseño de la normativa y en la agilidad de los trámites burocráticos. La mayor parte de los fondos públicos se han concentrado en el sector espacial. Mientras, la inversión de fondos ha sido claramente insuficiente para el área aeronáutica, en la que España cuenta con una red de proveedores de Airbus y Boeing muy competitivos, y una industria que necesita más apoyo, ya que sus competidores cuentan con un fuerte respaldo de la política industrial de sus gobiernos, principalmente en Francia y Alemania. «Los PERTE pueden ser el inicio de una política industrial en el sector que no existía, pero necesitan que el Gobierno español comience a definir, con los agentes implicados, planes de política industrial que den continuidad a lo conseguido en el PERTE», sostienen.

Por su parte, en el caso del sector agroalimentario, la primera convocatoria quedó muy lejos de los objetivos y no fue capaz de adjudicar todo el dinero asignado por ausencia de proyectos de inversión suficientes. La causa fue el diseño de la orden de bases y convocatorias, que exigía ir en agrupación de empresas con una estructura muy compleja, lo que se demostró poco atractivo para las empresas. En la segunda convocatoria, buena parte de los errores se han subsanado. «El sector necesita avanzar en la profesionalización, y mejorar la eficiencia y la digitalización es clave para conseguir este objetivo en un sector que es el gran exportador de la economía española, junto al automóvil», recogen.

Respecto al de la salud de vanguardia, las empresas han destacado la agilidad y la mínima burocracia. Sin embargo, el gran número de actores participantes impide cierta concentración de ayudas en algunos proyectos aventajados. «España tiene un sector biotecnológico aún incipiente y el objetivo del PERTE es ayudar a potenciarlo, siempre y cuando se ejecute correctamente. La cuantía de las ayudas es significativa, pero insuficiente y, además, no parecen estar bien centradas».

En el de la nueva economía de la lengua, se han dispuesto muy pocos recursos que, a su vez, se han dividido en exceso para potenciar las lenguas cooficiales, siendo muy escaso el dinero asignado a cada una. «Probablemente, ya se ha perdido una oportunidad de oro para el desarrollo de la inteligencia artificial en español, de modo que sea después exportable a América Latina y a Estados Unidos», manifiestan.

En resumen, el libro concluye que los PERTE carecen de visión a medio y largo plazo y han sido organizados y lanzados sin la suficiente reflexión y adecuación a las distintas categorías o sectores, y sin los indispensables instrumentos de gestión.No han acertado en poner el foco en sectores más estratégicos, o lo han hecho con recursos económicos inadecuados, escasos para unos y excesivos para otros, lo que explica el reducido grado de ejecución.No han puesto la confianza en las empresas tractoras ni en las más innovadoras, las startups, sino en un vetusto y largo recorrido procedimental y en la evaluación ex ante, altamente exigente en los proyectos.

Los PERTE son, sin duda, un buen instrumento para conseguir, por fin, un cambio en el modelo productivo español. Sin embargo, deben mejorar. La buena noticia es que aún estamos a tiempo.