Una política fiscal insaciable que va a provocar más fugas de grandes capitales e inversiones

Cualquiera que haya donado sangre sabe que no se debe extraer más de una determinada cantidad sin causar un perjuicio a la persona- La política fiscal es el mecanismo que utilizan los estados para influir sobre el crecimiento de la economía del país, mediante incentivos y estímulos que actúen sobre el consumo de las familias, la inversión privada y las exportaciones, mejorando la producción y el empleo. También sirve de coadyuvante del incremento en la productividad, la mejora de los salarios o como elemento amortiguador frente a los cambios de ciclo, para mantener los niveles mínimos de renta de los ciudadanos o la estabilización de precios. Todo ello, financiado con los recursos económicos (la sangre) que extrae del sector privado.

Nuestra política fiscal se articula mediante los PGE y sirve de baremo sobre el grado de intervencionismo que el Estado pretende aplicar sobre la economía. Los presupuestos de los últimos años comparten dos características, la primera que son crecientes, tanto en gasto como en ingresos, lo que conlleva una mayor presión y esfuerzo fiscal de los ciudadanos. La segunda, que siempre se gasta más de lo que se ingresa, es decir, que siempre hay déficit, cada vez más estructural e independiente de los ciclos. Y ese desajuste en las cuentas se está financiando con más deuda pública, que no deja de ser más impuestos diferidos en el tiempo, y más cara por la subida de tipos que aumenta el déficit financiero. A ello, hay que añadir la subida en las cotizaciones sociales y los nuevos impuestos de dudosa constitucionalidad.

Esta insaciable voracidad recaudatoria se nutre de un gran aliado, la inflación, que alimenta el crecimiento de los ingresos que, en septiembre, crecieron un 5,5% en términos interanuales. A pesar de que la economía se encuentra en fase de desaceleración, la inflación no remite, los elevados tipos de interés y un desempleo que no mejora ni cuantitativa ni cualitativamente.

Hace tiempo que empresarios, grandes fortunas e inversores internacionales están viendo la deriva fiscal que toma nuestro país con una hoja de ruta cuyo destino desconocen. Además de los impuestazos creados el año pasado, ahora se anuncian nuevas medidas extractivas como son la semana laboral de 37,5 horas y la fijación de un tipo impositivo mínimo del 15% sobre el beneficio contable, dos nuevas gotas en un vaso recaudatorio que ya está lleno. La consecuencia posible es que haya nuevas fugas de grandes capitales a países donde encuentran refugio, lo que torpedea la línea de flotación de nuestra malherida economía, destruyendo empleo privado que sólo es compensado con mayor empleo público. Y es que tanto tensar la cuerda puede llevar a romperla.

Hace unos meses, Ferrovial anunció su marcha a Países Bajos y recientemente, ha sido Repsol la que ha dado el primer aviso, paralizando algunas de sus principales inversiones, al menos hasta que haya estabilidad regulatoria, pero hay otras menos conocidas que ya han dado el paso o están en proceso de hacerlo.

Pocos son los que se atreven a invertir en un entorno plagado de incertidumbres en donde la seguridad jurídica empieza a ser cuestionada, pues las leyes no dejan de cambiar, incluso lo hacen a mitad de partido, lo que ahuyenta inversiones, no solo las futuras sino las presentes.

La política fiscal no debe ser el cuento de la lechera, ahogando a quienes más recursos aportan, pues será un tiro en el pecho para nuestra economía, de difícil vuelta a atrás y es que a algunos políticos habría que recordarles que no se muerde la mano de quien te da de comer y que, está demostrado que, en materia tributaria, menos, es más.

Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía y profesor de EAE Business School